Organizaciones como Amnistía Internacional México (AI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos respaldaron que se revise la figura de prisión preventiva oficiosa, ya que –coincidieron– su uso se ha convertido en la regla y no en la excepción, lo que ha llevado a que personas pasen muchos años en prisión antes de ser sentenciadas, no reduce la impunidad, ni genera condiciones adecuadas para que el Ministerio Público investigue y sostenga un caso hasta que haya sentencia.

AI México resaltó que el proyecto que analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –propuesto por el ministro Luis María Aguilar–, que plantea dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, al considerar que esta práctica atenta contra los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y los derechos humanos, representa un avance en esta materia.

Indicó que en el país hay personas que pueden estar en prisión preventiva por más de 10 años y después de ese tiempo ser liberadas por ser inocentes.

Subrayó que el uso de dicha figura en México se ha convertido en la regla y no en la excepción, vulnerando el derecho de toda persona a ser tratada como inocente hasta que sea condenada por una sentencia.

Por su parte, Sofía de Robina Castro, abogada del Centro Pro, mencionó que la prisión preventiva oficiosa inhibe a la fiscalía a tener que investigar y tener pruebas suficientes para que una persona sea sentenciada y vaya a prisión, porque únicamente tiene que dar elementos suficientes para su vinculación, que son elementos de una probable responsabilidad, sin que ello signifique que haya pruebas suficientes de culpabilidad.

Enfatizó que eliminar la prisión preventiva oficiosa no propiciaría que se liberara a personas que pudieran poner en riesgo a las víctimas o que sigan delinquiendo, como se ha argumentado desde gobierno federal, pues el juez a cargo del caso podría imponer prisión preventiva justificada.

Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, explicó que es el juez el que tendrá que determinar si se cumplen o no los requisitos para mantener a la personas privada de la libertad y la fiscalía general debe hacer su trabajo de sustentar por qué razón la persona tiene que estar detenida, y en este sentido el Código de Procedimientos Penales es bastante claro en establecer en los supuestos que justifican su aplicación.