El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que lo conveniente para garantizar la seguridad pública en el país es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No me puedo quedar con los brazos cruzados, porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México. Tengo la responsabilidad de garantizar que haya paz y tranquilidad, apuntó durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional.

Al preguntarle sobre el proceso que seguirá para alcanzar ese propósito, indicó que el 1º de septiembre enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de ley preferente. Corresponderá, dijo, al Legislativo aprobarla o desecharla y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en caso que se promuevan recursos– definir si es o no constitucional.

La iniciativa será preferente, para que de inmediato se decida. Y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley puedan acudir a la Suprema Corte y ahí se decida. Si los poderes Legislativo y Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que digan, porque somos independientes, como no se había visto en la historia.

El mandatario remarcó que no propondrá una reforma constitucional debido a que los legisladores de oposición, el bloque conservador, han manifestado que no aprobarán no sólo ésta, sino muchas de las iniciativas que envíe para cerrar su sexenio, declarándose en moratoria legislativa, aunque siguen cobrando.

Afirmó que en este debate debe considerarse también la opinión de la ciudadanía y no sólo de los intelectuales, expertos, políticos, defensores de derechos humanos y de los sabiondos.

Presentó dos gráficas con resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la percepción ciudadana del papel de las fuerzas armadas en cuanto a desempeño y confianza, según la cual la Marina es evaluada con 84.3 y 86.6 por ciento favorable, respectivamente; el Ejército, con 81.3 y 83.3, mientras a poco más de tres años de operaciones, la Guardia Nacional tuvo 70 por ciento de aprobación.

Aunado a ello, el jefe del Ejecutivo federal reiteró la necesidad de que la SCJN mantenga la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa contra los presuntos responsables de delitos graves, pues de lo contrario se pondría el riesgo la estrategia de seguridad.

Señaló que los jueces han abusado de la prisión preventiva oficiosa y dijo estar en desacuerdo con el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, quien se ha manifestado en favor de suprimirla.

¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué, es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?

Cuando se le hizo ver que Zaldívar argumenta que eliminar la detención de oficio podría beneficiar a la mayoría de detenidos sin sentencia de escasos recursos, el mandatario respondió que están presos porque el Poder Judicial no los defiende, (éste) debería tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura.