Nueva York., Donald Trump se encuentra cada vez más en un jaque legal entre múltiples investigaciones por autoridades federales, estatales y locales, ante lo cual él y sus aliados elevan la amenaza de violencia política, de frente a un eventual proceso judicial contra el ex presidente.

Por ahora, Trump y sus abogados batallan contra la investigación criminal del Departamento de Justicia contra el ex mandatario por posibles delitos de violar tres leyes federales, incluida la de Espionaje, así como por posible obstrucción de la justicia en el manejo de documentos oficiales secretos que tenía en su posesión en su residencia privada en Florida, muchos de los cuales fueron confiscados ahí en el cateo sin precedente realizado por la FBI el 8 de agosto.

Esta semana se espera que una juez en Florida –nombrada en el puesto por Trump– determine si designa a un árbitro legal para evaluar si algunos de los documentos son parte del llamado privilegio ejecutivo. Pero más que nada, esta maniobra es para demorar y entorpecer el proceso legal, táctica que ha empleado repetidamente como presidente y antes como empresario.

Pero eso no resolverá la disputa legal, ya que se trata del manejo de documentos secretos, incluidos algunos clasificados al máximo nivel por tratarse de material relacionado con asuntos militares y de agentes e informantes clandestinos en otros países. El posible daño para la seguridad nacional de Estados Unidos ya lo está evaluando la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional.

En otros flancos, Trump también enfrenta investigaciones criminales sobre interferencia y promoción de fraude electoral en el condado de Fulton, en Georgia, junto con algunos de sus socios y aliados, un caso que algunos expertos consideran el más peligroso para el ex mandatario, ya que si es formalmente acusado enfrentaría consecuencias penales severas.

Por otro lado, proceden investigaciones sobre maniobras posiblemente ilícitas de su empresa en el estado de Nueva York. A la vez, aún se espera si la extensa evidencia recaudada por la investigación del Congreso sobre el intento de golpe de Estado que culminó con el ataque contra el Capitolio en enero de 2021 obligará al Departamento de Justicia de abrir una nueva pesquisa criminal contra el ex gobernante.

Trump y sus cómplices han insistido en que él es víctima inocente de una persecución política impulsada por los demócratas de izquierda radical, y el estado profundo corrupto que ahora maneja la FBI, entre otras agencias.

Aunque con cada día que se revelan más detalles, sobre todo el caso de los documentos secretos, el volumen de los gritos de protesta y denuncia de sus aliados disminuye, algunos insisten en mantener su lealtad a toda costa y casi siempre –junto con el ex presidente– aluden a la posible violencia política que ésto puede desatar en el país.

“Si hay un proceso judicial contra Trump por el manejo indebido de información clasificada… habrá revueltas en las calles”, advirtió el senador republicano Lindsey Graham en entrevista con Fox News el domingo.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó esos comentarios de peligrosos. Varias figuras reconocidas en la cúpula política también repudiaron las afirmaciones por nutrir la violencia política. Richard Haas, presidente del Consejo sobre Relaciones Exteriores, publicó en redes sociales que la declaración de Graham es irresponsable, ya que será percibida por algunos como un llamado a la violencia. Funcionarios públicos están obligados a llamar por el imperio de la ley.

David Simon, el ex periodista y creador de algunas de las series de televisión más famosas de los últimos años, incluidas The Wire y Treme, señaló en respuesta a todo esto: no creo que habrá sangre en la calle si el escroto estafador es acusado y procesado judicialmente. Pero si el precio de una nación de leyes es sangre en la calle, entonces que corra sangre. No hay otra opción para una república. Ninguna.