l 18 de agosto se presentó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi ocho años el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Ello en Palacio Nacional en presencia del Presidente de la República, en un encuentro sin posibilidad de diálogo sobre un documento cuya existencia conocieron en ese momento. Lo señalado sobre su contenido es de tal magnitud e impacto que sólo atinaron a expresar que lo revisarían y después emitirían opinión. Ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Covaj, dio a conocer en conferencia de prensa el informe referido y lo puso a disposición con los anexos respectivos, omitiendo, como corresponde, el acceso a los datos que son propios de la investigación, entregados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Se dio cuenta de que en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 se configuró un crimen de Estado con la participación por acción y omisión de los tres órdenes de gobierno y elementos de la delincuencia organizada, en particular el grupo conocido como Guerreros Unidos.

Información telefónica recuperada la noche de los hechos –escaneo de cientos de miles de llamadas y mensajes– les permitió la reconstrucción en tiempo real de los acontecimientos, la revisión de miles de documentos, el trabajo forense realizado, los informes de especialistas, como los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Se destacó que cuentan con evidencias sobre el montaje realizado en torno a la llamada verdad histórica y con elementos de prueba suficientes para identificar a responsables, que incluye a miembros del Ejército, para que la FGR proceda al respecto. Como sabemos, a partir de la difusión del informe de la Covaj se desbordaron las reacciones en el sentido de que no tenía nada nuevo, de que se trataba de dar carpetazo al caso, de darle uso político, porque no aparece entre los involucrados el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre muchas descalificaciones que se potenciaron con la aprehensión, al día siguiente, de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien ya se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva oficiosa acusado por la FGR de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Colocando en el centro las evidencias de la construcción de la versión que en 2015 junto con el prófugo Tomás Zerón y muchos otros, pretendieron dar por concluido el caso. Este hecho intensificó el debate político y la argumentación de su defensa en un vano intento de evitarle la estancia en el Reclusorio Norte.

Una señal que marcará la evolución de la investigación es el involucramiento de miembros del Ejército. Justo en ese tenor, el subsecretario Encinas, una semana después del informe, señaló al comandante del 27 Batallón de Infantería, hoy general brigadier, José Rodríguez Pérez de dar la orden para asesinar y desaparecer a seis de los normalistas que permanecían con vida cuatro días después encerrados en una bodega. Explicó además que los jóvenes no permanecieron juntos, por lo que fueron asesinados en diversos sitios de la región y con distintos métodos.

Agregó que no se ha logrado fincar responsabilidades a José Luis Abarca por la desaparición de los 43 y que se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, acusado de la muerte del luchador social Arturo Hernández Cardona.

En estos largos y dolorosos años han sido los padres de los 43 estudiantes desaparecidos quienes sin tregua han luchado por encontrarlos. Por ello su voz es imprescindible. Desde la presentación del informe de la Covaj destacó la muy fuerte afirmación del subsecretario Encinas en el sentido de que no hay indicio de que los estudiantes estén vivos. La respuesta digna y contundente de los padres se dio a conocer el pasado viernes, con un comunicado leído al final de la marcha en la Ciudad de México, encabezada por ellos y apoyada por numerosas personas y organizaciones. Señalaron que es significativo el reconocimiento del crimen de Estado, la participación de autoridades de por lo menos cuatro municipios aledaños a Iguala, Policía Federal y elementos del 27 y el 48 Batallón de Infantería, así como de la 35 Zona Militar. Pese a ello, afirmaron que el paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del gobierno. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos. Esa sigue siendo la evidencia ausente.