Aun cuando hace tres días el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se difundirían los nombres de los jueces que han liberado a presuntos delincuentes de delitos graves para no humillarlos, ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, exhibió a algunos de estos juzgadores.

Al presentar ayer en la mañanera el expediente sobre liberaciones de presuntos criminales que el gobierno federal enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como parte de los argumentos para que no se elimine la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa, el subsecretario dio a conocer estas identidades.

A la vez, enfatizó que si la Corte suprime esa medida cautelar abriría la puerta para que 92 mil delincuentes que se encuentran en prisión por delitos graves sean excarcelados, con lo cual se corre el riesgo de que vuelvan a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad.

El juez Carlos Gallegos Arellano, dijo el subsecretario, desacreditó los testimonios de testigos y no vinculó a proceso penal a Edwin Omar N, alias Minimix, que presuntamente participó en el asesinato de Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la fiscalía de Colima. Finalmente salió en libertad este sujeto, que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario.

Un caso más es el de Sergio Rodarte Oliva, juzgador en Zacatecas, quien decretó la no vinculación a proceso, ordenando la inmediata libertad de Rafael N, alias El Fantasma, probable secuestrador miembro del cártel Jalisco Nueva Generación.

El togado Marco Antonio Ordorica Ortega, con sede en Chilpancingo, dictó sentencia absolutoria en al menos dos procesos por secuestro; la jueza Viviana Judith Juárez Vázquez atendió tres casos de detenciones en las garitas relacionadas con el uso de armas de uso exclusivo del Ejército y determinó que las aprehensiones eran ilegales y concedió la libertad.

En el caso de los llamados montadeudas, señaló a Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien admitió juicios de amparo otorgando suspensiones provisionales y definitivas a personas y despachos. El Presidente ha señalado que este juez ha tenido decisiones en favor de empresas energéticas que se niegan a acatar la nueva ley en la materia, por lo que ya es investigado.

Otros juzgadores revelados por el subsecretario por este tipo de liberaciones fueron Daniel Ramírez Peña, de Colima, quien no vinculó a proceso a José Bernabé N, La Vaca, principal generador de violencia en el estado; de Tlaxcala, Daniel Hernández George, y Paulina Iraís Medina Manzano, por un caso relacionado con El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

Más casos de beneficios a probables criminales –aunque sin mencionar a los togados– fueron el de Rafael Caro Quintero; el de El Contador, líder del cártel del Golfo; el del empresario Kamel Nacif y el ex gobernador de Puebla Mario Marín por las torturas a la periodista Lydia Cacho; y el de un ex policía federal acusado de participar en el desvío de 2 mil 500 millones de pesos, entre otros.

López Obrador y Mejía también dieron los nombres de los legisladores que aprobaron la prisión preventiva oficiosa en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Por el PAN estuvieron Maru Campos; el hoy líder de ese partido, Marko Cortés; Santiago Creel, actual presidente de la Cámara de Diputados; el hoy senador Gustavo Madero y Guillermo Padrés, por citar algunos. Del PRI, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida, Jesús Murillo Karam y Alejandro Moreno.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presentó un análisis de la cobertura y atención que los medios, algunos opinadores y académicos dieron en su momento a esa reforma. La prisión preventiva oficiosa “nunca existe como concepto, todos hablan (abocándose sólo) a los allanamientos (sin orden judicial), y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es La Jornada y, en ese tiempo, se quedó solo”.