Chilpancingo,Gro., Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) exigieron al Congreso del estado que suspenda el proceso de reforma en materia indígena, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la consulta que la legislatura realizó hace un año, relacionada con la acción de inconstitucionalidad 81/2018, debido a que fue simulada y no tomó en cuenta a los pueblos indígenas.

La CRAC-PC asegura que dicha reforma es ilegal y amañada, pues aunque reconoce algunos derechos de los pueblos en materia de seguridad, desconoce a esa organización.

Plácido Dolores, coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, en la Montaña alta, leyó fuera de la legislatura estatal la postura de las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Metlatónoc, Acatepec, Ayutla de los Libres y Malinaltepec.

Explicó que la SCJN estableció que el Congreso estatal elaboró de manera unilateral un protocolo para la consulta sin tomar en cuenta a los pueblos y comunidades y no brindó información exhaustiva de los documentos, dimensiones e implicaciones para las comunidades.

El alto tribunal no encontró en los documentos que envió el Congreso del estado dato que indique que existió diálogo, discusión y análisis entre los pueblos indígenas, sólo actas elaboradas con el mismo formato donde las comunidades aseguran que están de acuerdo en participar en el referéndum. Tampoco corrobora que haya existido un acuerdo o un consenso entre los pueblos indígenas y afromexicanos con respecto a las leyes consultadas; por lo tanto, otorgó 10 días hábiles para que corrija las irregularidades de la falsa consulta.

Por su parte, los asesores jurídicos Vidulfo Rosales Sierra, Rubén Cayetano García, Fernando Xochihu y Uriel Leal coincidieron en que el acuerdo da la razón a la CRAC-PC, que siempre sostuvo que la reforma impulsada por la legislatura era ilegal, amañada y falsa.

Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que el acuerdo emitido por el ministro Arturo Saldívar es de fondo y no de forma.

La CRAC-PC demandó al Congreso de Guerrero que convoque de inmediato a un diálogo democrático e incluyente que siente las bases para una reforma constitucional integral y un plebiscito que sea organizado y dirigido por los pueblos indígenas y afromexicanos.