n su toma de protesta, el 5 de septiembre, el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, se pronunció a favor de la reconstrucción del estado de derecho en la entidad; erradicar la corrupción y la impunidad; apostar por la conciliación entre las y los hidalguenses; hacer un gobierno cercano a la gente, y garantizar sus derechos y libertades.
El nuevo gobierno de la entidad tiene el reto de generar las condiciones para la debida operación de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo como un órgano constitucional autónomo que opere de manera eficiente en el marco del sistema de justicia penal acusatorio, el cual se implementó en la mayor parte del país, a raíz de la reforma constitucional de 2008, donde hasta el momento Baja California Sur, Tlaxcala e Hidalgo continúan funcionando como procuradurías.
El sistema de justicia penal acusatorio exige que las policías investigadoras tengan perfiles especializados que ayuden al Ministerio Público a aportar valor técnico y científico a los hallazgos de las líneas de investigación y, por otro lado, a fiscales que tengan niveles altos de competencias de litigación oral para acusar y defender su teoría del caso ante el juez de control. Es decir, debe distinguirse con claridad la función de cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso penal, en particular la del Ministerio Público, cuya autonomía radica en la nueva función que desempeña como órgano acusador, y no en una autonomía orgánica mal entendida. La política criminal de Estado implica seguridad, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, ejecución de sanciones y, por supuesto, la participación de la ciudadanía.
A partir de estos elementos, entre otros, se podrá establecer un plan de persecución penal que, además, atienda el fenómeno delictivo de la entidad y no caso por caso, como actualmente se actúa, así como incorporar la participación y reforzar el apoyo de las víctimas que, en el sistema acusatorio, juegan un rol preponderante al igual que el fiscal, el imputado y su defensor.
Por mencionar algunas cifras, en 2020 se identificaba a los delitos de extorsión y fraude como los más cometidos en el estado de Hidalgo y se estima que durante ese mismo año, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 5 mil 358.3 millones de pesos1. Asimismo, llama la atención que los delitos con mayor incremento de 2021 a 2022 fueron aquellos cometidos por servidores públicos, narcomenudeo, extorsión, robo a transeúntes en la vía pública y secuestros.
Por otro lado, las modificaciones que se requieren para transitar a un modelo constitucional de autonomía deben incluir el servicio profesional de carrera que contemple el ingreso, desarrollo, evaluación, promoción, separación y reincorporación. Tal y como se puede desprender de cada una de las fases, uno de los pilares del servicio profesional de carrera es la permanencia en el empleo, porque asegura la independencia y autonomía técnica de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de sus casos. Si no se cumple con cada una de las fases, no existirán las condiciones óptimas para desarrollar un servicio de carrera de manera integral como mecanismo de gestión del desempeño y desarrollo del personal de la fiscalía.
De igual manera, un tema pendiente es la operación plena de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) que actualmente se ubica en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual debe constituirse como una unidad administrativa que obtenga de primera mano información patrimonial y económica existente en las diversas instancias de la entidad con la finalidad de analizarla y transformarla en información de inteligencia para detectar, prevenir y combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y, con ello, debilitar las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en Hidalgo.
Tomando en cuenta lo anterior, así como el abatimiento del rezago, la instrumentación de controles, evaluación y rendición de cuentas, será parte de los retos que el nuevo gobierno del estado enfrentará de cara al mejoramiento de su sistema de justicia, lo cual es impostergable y evidentemente tendrá un impacto en la calidad de vida de la población. Lo más importante es que hay voluntad política y el respaldo de la ciudadanía hidalguense. Ese es el primer paso para el verdadero cambio social.
1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021. Véase en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_hgo.pdf
