Para 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó un presupuesto de mil 798.3 millones de pesos, casi igual a lo que recibió este año (mil 722 millones 324 mil 772), lo cual representa cero por ciento de incremento en términos reales si tomamos en cuenta la inflación.

Destacó que para 2023 perfilan una restructuración para soportar las reducciones que se han tenido, enfocada a priorizar los recursos de manera estratégica hacia las áreas y funciones sustantivas, así como una reducción de 5 por ciento en los sueldos de los mandos superiores, y el mantenimiento del nivel salarial de los altos mandos en el tope establecido en el ejercicio 2020.

Hoy, con menos gasto, se tienen los mejores resultados históricos de la CNDH: se emiten más acciones de inconstitucionalidad, más recomendaciones, y el número de expedientes concluidos crece notablemente. Explicó que desde el arribo de Rosario Piedra Ibarra como titular de la comisión, se realizó una restructuración interna, ya que “hay infinidad de estudios, análisis y trabajos serios que documentan lo altamente oneroso del trabajo de esta CNDH, que la hacía la oficina de ombudsperson más costosa de América Latina, por arriba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de las más caras del mundo”. Al compararse con el presupuesto de 2019 para la CNDH, en 2022 se observa una reducción de 8.2 por ciento, en términos reales, agregó.

El ingreso proyectado para el próximo año, detalló, se orientará a fortalecer el salario del personal sustantivo, operativos y profesionales, y visitadores adjuntos.

También busca reforzar las actividades de las 18 oficinas regionales, que son las que reciben el mayor número de quejas. Y, como el personal es pieza clave de las actividades de la CNDH, se pondrá énfasis no sólo en su mejora salarial, sino en el incremento del número de visitadores adjuntos, tanto para dichas oficinas, como para la coordinación general de especialidades científicas y técnicas, así como para seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos.

En 2018 se destinaba 51 por ciento del presupuesto a actividades de protección, y 54 por ciento en 2019, en 2022 la CNDH destina a ese rubro 66 por ciento.