El juzgado tercero de distrito en el estado de Coahuila otorgó una suspensión provisional a Cristian Solís Arriaga –uno de los operadores y responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores– contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra.

Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022.

Los efectos de la suspensión son para que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de captura. No obstante, si al promovente se le imputan delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar sólo será para efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad, en el lugar en que sea recluido, y a disposición de la responsable, para la continuación del procedimiento penal.

El juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del juzgado tercero de distrito con residencia en Piedras Negras, Coahuila, fijó a Cristian Solís una garantía de 500 mil pesos que deberá pagar en un plazo de cinco días a fin de que la suspensión se mantenga vigente y programó para hoy la audiencia incidental donde resolverá si le concede la suspensión definitiva.

La medida cautelar será revocada en caso de que el quejoso no se presente ante las autoridades responsables que lo requieran para las prácticas de las diligencias destinadas a la integración del procedimiento de origen.

Con motivo de la suspensión, la parte quejosa también queda obligada a acudir ante esta autoridad cuantas veces sea requerida, apercibida que, de no cumplir, la medida será revocada, señala el acuerdo del juez.

Una vez que sepa qué autoridad lo requiere, Solís Arriaga contará con un plazo de 24 horas para acreditar ante el juzgado de amparo que acudió a comparecer.

Solís Arriaga es señalado junto con Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas de ser el operador y dueños de la mina en cuyo derrumbe murieron los 10 trabajadores.

Los tres prófugos están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los tres acusados.