En los meses recientes se ha detectado un aumento en los casos de extorsión a pequeños comercios, lo que además de empeorar la situación de este tipo de establecimientos se ha convertido en un factor que afecta directamente a los consumidores, pues abona a la elevada inflación que enfrenta México, aseguro Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Si bien la cultura de la extorsión ya era una realidad para miles de negocios en el país, su incremento en los meses recientes ha provocado que el proceso de reactivación gradual pospandemia de la sociedad sea lento, tedioso y, en algunas, ocasiones, imposible, generando un círculo que abona a resentir con más fuerza la inflación, apuntó el dirigente.

Rivera destacó que en más de un tercio del país se ha desatado una ola de extorsiones, siendo el principal el cobro de piso bajo acoso y amenaza, logrando cuotas que van de los mil a los 30 mil pesos dependiendo del giro del negocio, dinero que posteriormente los locatarios se ven obligados a trasladar a los consumidores en forma de incrementos en los precios, impactando directamente en la inflación.

La Anpec no es el único organismo que considera a la inseguridad como un factor que abona a la inflación, pues el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas ha señalado en distintos reportes que acciones como el cobro de piso y robo de mercancías son un elemento importante entre la enorme diferencia que existe en el costo de los productos que salen del huerto a cuando llegan a la mesa de los consumidores.

El líder de la Anpec recordó que según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), obtenidos en su encuesta nacional de victimización de empresas, en 2021 se denunciaron 829 mil casos de extorsión por cobro de piso en punto de venta, por vía telefónica y/o medios electrónicos; predominando la extorsión por cobro de piso.

Sin embargo, apuntó, dichos números van en aumento, siendo entidades como Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y la Ciudad de México, las más afectadas.

Cálculos del organismo indican que en 2021 la inseguridad provocó pérdidas directas por más de 120 mil millones de pesos; sin embargo, apuntó Rivera, la cifra real debe ser mucho mayor, hasta cinco veces esa suma si se considera lo que se dejó de ganar, dado que la violencia ocasiona que los agentes económicos se inhiban, es decir, reduzcan o no hagan inversiones.

Según la Anpec, hay evidencia de que el crimen organizado ha puesto atención y acoso especial en las cadenas de abasto y suministro de productos esenciales de alta demanda como la tortilla, el pollo, huevo, cerveza, entre otros, con el objetivo de establecer el precio final de los productos, decretando sobreprecios desmedidos en momentos en donde los consumidores enfrentan una inflación de 15 por ciento en la canasta básica, con productos cuyo precio se ha disparado hasta más de 100 por ciento en el último año, como es el caso de la cebolla o la papa.