Antonio Enrique Tarín García, ex director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, tendrá que pagar una garantía de 5 millones de pesos, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por actos de corrupción cometidos en el sexenio del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), relacionados con el desvío de 250 millones de pesos.

Un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, quien le impuso al ex funcionario la medida cautelar.

No obstante, los magistrados del colegiado declararon infundados los agravios del ex colaborador de César Duarte, quien, entre otros puntos, argumentó que no podía cubrir dicho monto, ya que no era adecuado ni idóneo, sino excesivo y desproporcionado de acuerdo con sus fines, porque el imputado tenía una situación económica precaria; además, por la exposición mediática que tuvo, el señalamiento de la sociedad fue cruel con él y con sus familiares. Derivado de la exposición excesiva no había quien quisiera contratarlo a distancia.

Reiteró que tuvo sobrexposición en medios estatales y nacionales, lo que generó un efecto corruptor que no le permitió retomar su vida laboral; además, los cinco años en que permaneció en reclusión generaron una merma en su patrimonio; no trabajó, pero sí tuvo obligaciones con su familia y defensa, lo que lo llevó a estar imposibilitado totalmente para cubrir cualquier cantidad que se le pudiera fijar.

Sí puede pagar: tribunal

El tribunal colegiado apuntó que la defensa del Tarín García no aportó datos de prueba sobre que la capacidad económica de su cliente se vio mermada debido a que estuvo detenido cinco años en el centro de reinserción social estatal número uno en Aquiles Serdán, Chihuahua.

Agregó que el monto de la garantía es necesario, idóneo y proporcional, ya que el ex director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua cuenta con capacidad económica para cubrir el monto y existe el riesgo de sustraerse de la justicia, obstaculizando el desarrollo de la investigación.

Tales razones en su conjunto, según criterio de este tribunal, representan suficiente incentivo para sustraerse de la acción de la justicia y para intentar influir en quienes pudieran participar como testigos en audiencia de juicio.