Legisladores y dirigentes de Morena en la Ciudad de México pedirán el apoyo de la ciudadanía para exigir al Partido Acción Nacional (PAN) que dictamine la iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para elevar a rango constitucional los programas Mi beca para empezar y Mejor escuela.

Advirtieron al blanquiazul en el Congreso capitalino, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a la que fue turnado el proyecto, que de no dictaminar a la brevedad denunciarán su indolencia y evidenciaremos que están en contra de la educación pública y el bienestar de las familias en la Ciudad de México.

La coordinadora del grupo parlamentario, Martha Ávila Ventura, y el presidente local de Morena, Sebastián Ramírez, anunciaron una colecta de firmas en las escuelas públicas de prescolar, primaria y secundaria, ante la falta de sensibilidad y de interés de los legisladores del blanquiazul con los menores y las escuelas que reciben los apoyos.

La legisladora explicó que el Congreso recibió la iniciativa en febrero, durante el periodo ordinario anterior, y la ley y el reglamento del Legislativo establecen plazos para que las iniciativas sean desahogadas y se tiene que dictaminar para someterse a consideración del pleno en este periodo.

La iniciativa reforma el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de derecho a la educación para añadir dos párrafos al numeral 6 del apartado A, donde se establezca que en la ciudad todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos de educación básica tendrán derecho a contar con una beca y que en cada ejercicio fiscal las escuelas públicas de nivel básico contarán con la asignación presupuestal que determine el Congreso, a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, misma que se ejercerá con la participación de los padres de familia.

Ávila señaló que la iniciativa asegura la permanencia de ambos programas, independientemente de qué partido llegue a gobernar la ciudad, como parte del derecho a la educación que los menores deben tener garantizado.