Con jornadas de entre 40 y 60 horas a la semana para lograr remuneraciones de más de 3 salarios mínimos diarios, las plataformas digitales, ya sean de reparto o de movilidad, no garantizan seguridad social para quienes las usan como un método de autoempleo, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Durante el Foro sobre Plataformas Digitales y Seguridad Social del futuro, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y Didi, Uber, Rappi y Beat, se pusieron sobre la mesa diversas propuestas para que conductores o repartidores cuenten con seguridad social.

Mónica González, directora del IIJ, planteó que si bien estos mecanismos de trabajo significan la oportunidad de muchas personas para contar con una buena fuente de ingresos, también representa un reto en materia de protección social, debido a las peculiares características que tiene esta forma de trabajar.

La realidad va más a prisa que la posibilidad que tienen los órganos competentes de establecer marcos jurídicos adecuados para regular estas realidades emergentes, asentó.

Según Víctor Carreón Rodríguez, investigador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, la llegada de las plataformas de reparto a la economía mexicana provocó un crecimiento de entre 28 y 33 por ciento en la participación relativa de los restaurantes en la generación de riqueza en el país.

Expuso que el número de restaurantes que reporta al menos 10 por ciento de sus ventas por Internet creció 143 por ciento entre 2012 y 2020; el personal ocupado en estos restaurantes se elevó 84 por ciento y los ingresos totales de estas unidades económicas aumentaron 80 por ciento.

El investigador detalló que si se toman en cuenta cifras del Inegi, en México hay al menos 243 mil 795 repartidores, de los cuales seis de cada 10 se encuentran en las plataformas, de las cuales su ingreso promedio mensual creció 117 por ciento entre 2012 y 2015, ya que el ingreso promedio diario de los repartidores es de 186.60 pesos.

Saúl Gómez, vocero del colectivo Ni un repartidor menos, refirió que los repartidores no cuentan con garantías para trabajar y entre marzo de 2020 a la fecha han fallecido al menos 69 de ellos “la mayoría en hechos viales, y ¿qué han hecho las aplicaciones?… Las autoridades no han hecho nada por brindar seguridad o la justicia necesaria a esos compañeros que han fallecido”.

Para terminar con esta problemática, el CIDE propone un paquete básico de protección social para los trabajadores de plataformas, el cual se aplique a nivel nacional y que sea de afiliación voluntaria. Bajo este modelo, la contribución de la persona repartidora debe ser proporcional a su ingreso y debe ser tripartita, es decir, que contribuyan el trabajador, el gobierno y la app.