Madrid. En un año histórico para los beneficios de sus cuentas, el presidente de la multinacional energética Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, amenazó al gobierno español con acudir a los tribunales si finalmente se aprueba y se aplica el impuesto extraordinario a los ingresos, planteado por el Ejecutivo ibérico, presidido por el socialista Pedro Sánchez, para redistribuir ese dinero entre los ciudadanos más afectados por el alza de los precios de los hidrocarburos. Estas afirmaciones las hizo el mismo día que presentó los resultados del tercer trimestre de este año, en el que ha acumulado la cifra histórica de 3 mil 100 millones de euros (62 mil millones de pesos) de beneficios, con lo que todo apunta a que finalizará el año con unas ganancias inéditas, de más de 4 mil 200 millones de euros.

Sánchez Galán lanzó su advertencia abiertamente y sin tapujos, insistiendo en su teoría de que las empresas energéticas no se han visto beneficiadas de la actual coyuntura internacional, en la que a raíz de la guerra en Ucrania y los altos precios del petróleo se ha desatado una espiral al alza de los precios de la energía, sobre todo del gas y la electricidad. Eso ha provocado, según el gobierno español y numerosos analistas del sector, que las grandes empresas energéticas estén logrando los mejores resultados financieros de su historia, al obtener beneficios extraordinarios provocados precisamente por la crisis mundial.

Pero el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, se ha mostrado desde el principio muy crítico con la imposición de una nueva carga fiscal a los ingresos, incluso se ha puesto al frente de las grandes corporaciones del sector, en las que están Naturgy, Acciona, Repsol y Endesa, entre otras, para poner en marcha una ofensiva contra la medida del gobierno español. Una estrategia que les llevó a denunciar ante las propias autoridades de la Unión Europea (UE) lo que consideran un atropello a la legalidad vigente comunitaria.

Sánchez Galán advirtió que acudiremos a los tribunales si se aplica ese gravamen e, insisto, Iberdrola lo recurrirá pues va contra las directivas europeas que dicen que se deben gravar los beneficios extra de las compañías, no los ingresos, como ha planteado el gobierno, que quiere cargar con 1.2 por ciento la facturación de las energéticas con unos ingresos a partir de mil millones de euros mediante un impuesto que se cobrará en 2023 y 2024 para los resultados de 2022 y 2023.

Incluso Sánchez Galán, que acababa de presentar los resultados con más ganancias en la historia de la empresa, se quejó de que en España sus beneficios se han visto penalizados por el impacto de la subida del gas y el incremento de costes, además de los impuestos que ha pagado por sus actividades en el país. La contribución de Iberdrola a las arcas públicas en una situación como esta ha sido de 7 mil 800 millones en impuestos pagados el año pasado, cerca de la mitad en España. Un dinero que ayuda mucho a los vulnerables. Así que no hay ninguna razón por la que deban aplicar esto porque pagamos mucho, afirmó Sánchez Galán.

Al ser preguntado si el nombramiento del ingeniero español Armando Martínez Martínez como nuevo consejero delegado, y por tanto el segundo en el escalafón de la empresa, es un guiño a su proceso de sucesión, Sánchez Galán afirmó que él va a mantener sus funciones ejecutivas y que se trata sólo de un signo de continuidad y no de revolución.

La energética española también anunció la aprobación de un primer dividendo a cuenta con cargo a 2022 de 0.18 euros por acción, un 5.9 por ciento más, tras disparar su cifra de negocios 35.4 por ciento, hasta 37 mil 903 millones.

Se anunció que las inversiones brutas orgánicas en el periodo se situaron en 7 mil 568 millones, de los cuales 40 por ciento se destinó a redes y 49 por ciento en generación de renovables.

Por países, España y EU recibieron 25 por ciento cada uno, Brasil 18 por ciento y Reino Unido 16 por ciento. México está en 2.7 por ciento.