A pesar del aumento en los flujos migratorios en todo el continente, representantes de organizaciones civiles de una docena de países, incluido México, alertaron que hay nulas políticas de atención de personas en tránsito y no se cumple el principio de no devolución en las naciones de la región.

Durante una audiencia para abordar las políticas de frontera y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de las distintas organizaciones pidieron al organismo la creación de un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones hechas a todos los países para respetar los principios internacionales de asilo y de tránsito.

Yoceline Gutiérrez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, expuso que en México la política migratoria vive un momento de crisis. Lamentó que recientemente se implementó la solicitud de visas para personas originarias de Venezuela bajo el argumento de declaraciones falsas del motivo del viaje.

En México se otorga asilo, pero se excluye el acceso a las personas a quienes no comprueben con anterioridad la intención de solicitarlo, lo cual deja a la mayoría con riesgo de ser devueltos, aseguró.

Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), aseveró que en su país se cerraron las fronteras en el marco de la pandemia sin establecerse mecanismos para que los migrantes puedan solicitar asilo.

Diego Morales, director del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también de ese país, expresó que hay una preocupación por el rechazo de argentinos y colombianos en aeropuertos de México.

La Red de Litigio Estratégico en migración de Colombia afirmó que en su país no existe una reglamentación adecuada sobre el derecho a la solicitud de refugio y alertó sobre un posible patrón de violación al principio de no devolución que impacta de manera específica a personas originarias de África, Venezuela y Cuba.

En tanto, en República Dominicana se duplicó en lo que va de 2022 el número de deportaciones de haitianos en comparación con el año pasado, y el gobierno informó con orgullo un récord de deportaciones en septiembre, refirió Beneco Enecia, director del Centro de Desarrollo Sostenible.

Gabriela Hilliger, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes Chile, explicó que tras la entrada en vigor de una nueva legislación migratoria en 2020 se ha favorecido el crecimiento de grupos de tráfico de migrantes, a los que recurren quienes son expulsados y buscan reingresar a territorio chileno.