La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana denunció que el pasado 29 de octubre algunos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Estatal de Chiapas ingresaron a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Escuintla- Chiapas, para privar de la libertad a personas migrantes que se encontraban resguardadas dentro del lugar y donde resultó lesionada una mujer de nacionalidad colombiana que se encontraba embarazada, ya que supuestamente hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores públicos.

El organismo solicitó al INM y a la Policía Estatal de Chiapas abstenerse de realizar cualquier acción de hostigamiento y perturbación a las actividades humanitarias que realiza la Diócesis de Tapachula a favor de las personas migrantes, así como investigar, a través del órgano Interno de Control, la actuación de los servidores públicos involucrados en los hechos, con el fin de aplicar las sanciones respectivas.

Solicitan investigación de la CNDH

También pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que lleve a cabo una investigación acorde con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, la cual permita realizar una recomendación a las instituciones involucradas con el objetivo de reparar a las víctimas y que se garantice la no repetición de estos hechos.

Nos solidarizamos por los hechos ocurridos con la Diócesis de Tapachula y con la Parroquia Santo Domingo de Guzmán en Escuintla; asimismo, manifestamos nuestro acompañamiento en las acciones que decidan emprender.

La Comisión Episcopal recordó que la Iglesia católica en México lleva más de 20 años acogiendo, protegiendo, integrando y promoviendo a las personas migrantes que transitan en el país, brindando alimento, hospedaje, vestimenta, atención médica, entre otros derechos que en principio deben ser garantizados por el Estado y que, ante su ausencia, han sido asumidos por la Iglesia católica.

Pese a esto, la respuesta de instituciones como el INM es atacar a la Iglesia mediante acciones incluso ilegales, que no sólo impiden el desarrollo de su labor humanitaria, sino el ejercicio de sus derechos a la asociación y libertad religiosa, manifestó.