El Instituto Nacional Electoral (INE) canaliza a su Fondo para Atender el Pasivo Laboral los ahorros generados por vacancia de plazas, en lugar de regresarlos a la Tesorería de la Federación como establece la ley, señaló el Órgano Interno de Control (OIC) del ente comicial.

En su Informe Previo de Gestión y Resultados correspondiente al primer semestre del presente año, que fue enviado a la Cámara de Diputados, refiere que entre 2017 y 2022 se observaron plazas sin ocupar por meses que significaron un monto de 90.2 millones de pesos.

Esta situación materializa el riesgo de generar recursos no ejercidos que eventualmente puedan ser destinados a fines distintos para los cuales fueron aprobados, a fin de dar suficiencia presupuestal a otros proyectos de gasto, correspondientes tanto al Presupuesto Base como a la Cartera Institucional de Proyectos o, en su caso, al Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE, resalta el documento.

Específicamente, el fondo referido ha recibido aportaciones por mil 444.2 millones de pesos en los ejercicios de 2018 a 2021, provenientes de economías generadas del capítulo 1000 Servicios Personales, entre los cuales se encuentran los obtenidos por vacancia de plazas, puntualiza.

El OIC destaca que la práctica de generar ahorros mediante plazas vacantes origina de facto disponibilidades líquidas de recursos que año con año el INE redirecciona a otras necesidades de gasto no programadas, en este caso, al Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuando deberían reintegrarse a la Tesorería en los términos que establece el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dada la situación, Morena pide que se llame a comparecer a la Cámara de Diputados al titular del OIC, Jesús George Zamora, para que explique lo que se está haciendo con los recursos públicos en el instituto.

En su informe, el Órgano Interno de Control señala que a 23 años de su entrada en vigor no se ha actualizado la normativa para suscribir convenios de cooperación técnica entre el INE e instituciones internacionales. Los mecanismos vigentes están desactualizados en el uso de recursos públicos federales y se apartan de los actuales criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, enfatiza.

Debido a ello, en convenios suscritos con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no se precisaron los instrumentos de fiscalización y rendición de cuentas que deberían cumplir.

Añade que el incumplimiento referido dejó en estado de indefensión al INE para que pueda dar seguimiento, evaluar y fiscalizar los recursos otorgados, lo que conlleva a que dichos dineros puedan no ser comprobables y de facto se consideren a fondo perdido.

Esta situación se corroboró cuando el IIDH y el PNUD se negaron a proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria de sus gastos administrativos por considerarlos de manejo exclusivo y propio por cantidades de 10.7 y 9.2 millones de pesos, respectivamente, aun cuando su origen corresponden a recursos públicos federales.

El OIC también encontró que hay discrecionalidad en la evaluación y selección de los proyectos de los Observadores Electorales así como en la asignación de los recursos financieros.