Entre acusaciones de subejercicio, mal manejo de recursos y corrupción, los alcaldes de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, Mauricio Tabe y Lía Limón, respectivamente, solicitaron mayores prerrogativas para sus demarcaciones el próximo año al Congreso de la Ciudad de México.

Tabe se quejó de que la Secretaría de Administración y Finanzas propuso una disminución de 350 millones de pesos para 2023, en comparación con lo asignado a su alcaldía en 2018, lo que consideró injusto. En respuesta, la diputada Nancy Núñez, de Morena, criticó que el panista pida más dinero cuando en su administración se han hecho gastos que no son prioritarios, como en comunicación, limpieza de inmuebles y arrendamiento de vehículos.

En su intervención, la diputada de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Xóchitl Bravo, criticó actos de corrupción que involucraron a Eddy Alberto N, ex titular de la unidad departamental de recuperación de espacios públicos, quien sobornaba a la gente para agilizar trámites. Asimismo, hizo referencia al retiro de comerciantes informales.

El diputado José Martín Padilla, de la alianza Verde Juntos por la Ciudad, pidió nombres y datos de las asociaciones civiles beneficiadas a las que el gobierno de Tabe ha entregado más de 10 millones de pesos, y espetó que desde hace dos meses la alcaldía no ha dado respuesta a su solicitud para ocupar un espacio público con la finalidad de presentar su informe de actividades, no quiera pensar que los espacios públicos son para usted y sus grupos afines.

Más tarde, en la mesa de trabajo con Lía Limón, la diputada Valentina Batres (Morena) criticó que la alcaldesa haya solicitado 235 millones de pesos para invertirlos en diversos proyectos, lo que consideró una burla porque este año no gastó 112 millones de pesos en obra pública.

En cuestión de cámaras de vigilancia, la legisladora dijo que varias no sirven, pese a que no han cumplido un año de haber sido instaladas: ¿De qué sirve presumir más de 2 mil cámaras si cuando se necesitan no funcionan? Eso fue lo que respondieron a los padres de las niñas que desaparecieron la semana pasada.

También reprochó a la panista por promover las estancias infantiles subrogadas que son de cobro para la gente, por cuyo servicio tienen que pagar mil 300 pesos mensuales, 30 pesos diarios por ración extra de comida, 50 pesos por cada clase especial, más un litro de cloro, de pino, toallitas para bebé, azúcar y leche por semana.