éxico demostró de nueva cuenta su vocación latinoamericanista y honró su mejor tradición diplomática al ejercer como sede del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria. Los buenos oficios del gobierno federal (con la destacada actividad de la cancillería) se vieron coronados por el éxito al anunciarse un nuevo acuerdo que permitirá dar continuidad a las pláticas y, sobre todo, aliviar en lo inmediato las necesidades más apremiantes de millones de venezolanos.

El principal punto de este entendimiento estriba en el desbloqueo de los fondos del Estado venezolano retenidos ilegalmente en el sistema financiero internacional a partir de que el ex presidente Donald Trump decretó una serie de medidas unilaterales de aplicación extraterritorial, destinadas a destruir la economía de Venezuela y precipitar la caída de su gobierno, a semejanza de lo hecho con el prolongado e infructuoso asedio contra Cuba.

Como es sabido, la culminación de la estrategia golpista diseñada en la Casa Blanca se dio el 23 de enero de 2019, cuando el entonces diputado Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela y, con el respaldo de Washington y sus aliados, comenzó a usurpar en organismos multilaterales los espacios del gobierno elegido democráticamente, así como a apropiarse de los fondos depositados por su país en el extranjero. La complicidad internacional con Estados Unidos y su títere Guaidó ha tenido episodios tan vergonzosos como el fallo judicial a favor de entregar las reservas de oro venezolanas resguardadas en Gran Bretaña a este personaje inefable.

El acuerdo alcanzado ayer en la capital mexicana abre la esperanza de que se ponga fin definitivamente a esta saga de piratería con beneplácito y complicidad imperial, se avance en la impostergable recuperación económica de Venezuela y se dé un cauce democrático a las diferencias entre el chavismo y la derecha de la nación caribeña. La decisión de la Casa Blanca de aliviar las sanciones impuestas desde 2017 y autorizar algunas operaciones de empresas estadunidenses en el Estado petrolero es un paso positivo en este sentido. Sin embargo, en ningún momento debe perderse de vista que las medidas de presión financiera contra la nación venezolana son en todo punto ilegales y deben levantarse de manera incondicional por contravenir, entre otras disposiciones del derecho internacional, el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA): ningún Estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no únicamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Cabe saludar la voluntad política de las partes para alcanzar una concordia en medio de sus profundos desencuentros, así como hacer votos por que el diálogo se traduzca en una mejoría palpable de las condiciones socioeconómicas de las mayorías venezolanas. No puede reiterarse lo suficiente que el papel de la comunidad internacional en este proceso consiste en extender todas las facilidades para el diálogo, no en exacerbar la discordia y tomar a la población de rehén, como ha hecho Washington en su afán de acabar con el chavismo.