Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva oficiosa para acusados por delitos fiscales, como el uso de facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una reforma constitucional para reinstaurar la medida cautelar en esos casos.

Para la nueva iniciativa propuso que sean constitucionalistas quienes encabecen la orientación para que dichos delitos impliquen una responsabilidad penal en lugar de civil.

En la conferencia matutina de ayer, el titular del Ejecutivo sostuvo que el fallo de la Corte le molestó mucho y lo calificó como una vergüenza.

Dijo que este tipo de delitos se desataron desde el gobierno de Felipe Calderón, se convirtieron en algo excesivo en el de Enrique Peña Nieto y recalcó que esa fue la causa de la reforma constitucional para considerarlos como graves.

“Y ahora, la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza si no se demuestra en un plazo, si no hay sustento, si no hay bases. Todo un truco para que con argucias legaloides salgan (los infractores)…”, señaló ayer el mandatario.

El caso Segalmex

Tras la sesión de preguntas, criticó a las instituciones financieras que recurren a la defraudación, como la que está vinculada con las irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo descentralizado en el que hay denuncias penales e indagatorias por desviar recursos de más de 9 mil millones de pesos. Sólo en un caso las autoridades investigan una inversión no autorizada en instrumentos financieros de alto riesgo por 950 millones de pesos.

El intermediario financiero vinculado con Segalmex es el mismo que manejó dinero del gobierno de Yucatán y los recursos de un fideicomiso perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Está en todos lados, dijo López Obrador y preguntó: ¿cómo se le permitió tanto sin respaldo financiero? Supuestamente los recursos los invertían, pero no hay solvencia económica.

En Segalmex, el gobierno recuperó dinero desviado porque había respaldo de un banco, al que se le exigió la devolución de los recursos, pero en otros casos no.

El Presidente también expresó su desacuerdo con el proyecto que debatirá la SCJN para prohibir la colocación de nacimientos navideños en espacios públicos. Confió en que sea rechazado, porque no tiene fundamento legal ni tiene qué ver con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres; además, es contrario a la libertad religiosa.