Guatemala. Un tribunal de Guatemala condenó ayer a 16 años de prisión inconmutables al ex presidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.

Pérez es penalmente responsable en concurso real de los delitos: asociación ilícita y cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, señaló la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.

A cada cargo se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.

Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.

El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito, explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.

Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

El ex mandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con fe y esperanza de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia. Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. Verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado, dijo Pérez a periodistas.

¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces, el dinero dónde está?, preguntó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la Corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.

El caso que involucra al ex mandatario en la trama conocida como La línea, la cual consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas.

Fue destapado por la fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas que apoyó el combate a estructuras criminales dentro del Estado.

Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos 3.5 millones de dólares, mientras el total defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.

En la lectura de la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.

El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado un campeón anticorrupción por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.

Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada Lista Engel de personas del Triángulo Norte deCentroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.