l signo de los tiempos es la inestabilidad y la incertidumbre de los regímenes políticos. Abarca a diversos matices de regímenes democráticos y también a una variedad de regímenes autoritarios.
En el continente americano. A partir de 2018 con el triunfo de AMLO se han concatenado triunfos electorales presidenciales progresistas en varios países: Argentina, Chile, Perú, Honduras, Colombia, Brasil y el regreso a la democracia después de la interrupción golpista en Bolivia.
La primera ola progresista. Entre 2000 y 2014 hubo un enorme boom de materias primas acicateado por el ascenso como potencia mundial de China. A Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile les ofreció una plataforma económica sólida desde donde lanzar amplios programas sociales y consolidar una base electoral fuerte.
Las restricciones de la primera ola. Aun así, desde entonces estaban claras las restricciones. El mayor problema residía en las propias instituciones de democracias incipientes. Sistemas de partidos fragmentados, poderes legislativos atrapados entre el clientelismo, los privilegios y el cabildeo de todo tipo de poderes fácticos. Un sistema judicial que, por historia y composición social, es cerradamente gremialista y conservador. De manera decisiva, los nuevos viejos actores políticos: medios de comunicación acostumbrados a negociar, prohijar o derrumbar poderes estatales, pero ahora con el peso de medios electrónicos y amplias audiencias.
La segunda ola de presidentes progresistas. ¿Qué tienen en común? Tres cosas. Uno, varios provienen de movimientos populares y de movilizaciones sociales como AMLO, Petro, Boric, Castillo, Lula. Dos, fuera de AMLO, todos los presidentes electos en Honduras, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Brasil ejercen su mandato en el marco de gobiernos divididos, es decir gobiernan como minoría legislativa. Tercero, enfrentan un poder judicial enraizado, cuando no atrapado por las élites económicas, como ejemplifican los casos de Brasil y Argentina.
La suma de restricciones. En un contexto en donde la opinión de ciudadanos en la región valora de manera negativa a los partidos, a los congresos y en general al gobierno y donde imperan las restricciones ya mencionadas, éstas se convierten en una profecía autocumplida en el sentido que las dificultades para aplicar las propuestas de las coaliciones progresistas tienden a imputarse a rasgos sicológicos más que a la arquitectura institucional que heredan.
El ansia por concluir. Castillo en Perú gobernó casi año y medio asediado desde un congreso de dudosa reputación, pero también afectado por sus propios errores, la corrupción y su inexperiencia gubernativa, como ilustra su intento por disolver el Congreso, omitiendo procedimientos legales y sin alianzas para sostener tal despropósito.
Las coaliciones posibles. Otro presidente que participó en la guerrilla, pero con una larga experiencia de lucha electoral y gubernamental como Gustavo Petro, conforma un gabinete de alta calidad e impulsa, en un congreso donde carece de mayoría propia, una coalición para una profunda reforma tributaria.
Lawfare. El término se refiere a la judicialización de la política sobre todo para enfrentar, bajo la conducción de los poderes fácticos a través de los medios de comunicación, cualquier afectación a sus privilegios. El contubernio de los poderes fácticos es transparente en Brasil contra Lula y Dilma, en el golpe contra Evo Morales y en el juicio a Cristina Fernández en Argentina.
La segunda ola está fuertemente restringida por la arquitectura institucional de sus regímenes, por la fortaleza de los poderes fácticos, por la fragmentación de las fuerzas populares y por el desprestigio de la política misma. O como cita Jorge Galindo en El País de ayer, aunque en su texto sólo referido a Perú: un empate entre actores débiles que son incapaces de construir un autoritarismo duradero
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