ás de 100 mil masái de Tanzania se enfrentan a violentos ataques para despojarlos de sus tierras y mermar sus medios de subsistencia. Desde junio, la situación se ha agravado y cientos de hombres, mujeres y niños se han visto desplazados, viendo cómo las tierras que cuidan desde tiempos inmemoriales les son arrebatadas una vez más en nombre de la conservación. Quienes se han atrevido a alzar la voz para defender sus tierras, medios de vida y cultura han sido criminalizados.

La historia de los masái refleja el empeoramiento de la situación de los pueblos indígenas en todos los rincones del planeta, que se enfrentan a amenazas cada vez mayores derivadas de la conservación y la transición energética para hacer frente al agravamiento del cambio climático. Esta es la grave realidad entre los pigmeos, los guaraníes-kaiowá, los mahji y los karen, entre otros muchos pueblos originarios de todo el mundo.

Los pueblos indígenas hemos insistido en que las actuaciones frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad –si se hacen sin respetar y proteger nuestros derechos y sin transformar las raíces del problema– no son más que falsas soluciones y colonialismo verde.

Aunque los pueblos originarios sólo representamos 6 por ciento de la población mundial, 80 por ciento de la biodiversidad del planeta florece bajo nuestra custodia. Estas zonas muestran una mayor preservación de los ecosistemas que las que están bajo control exclusivo gubernamental o privado.

La conservación y la adaptación están en el ADN de los pueblos indígenas, que desde tiempos ancestrales mantenemos una relación intrínseca, espiritual y recíproca con la naturaleza.

Mientras tanto, la transición energética de un mundo con altas emisiones de carbono a otro con bajas emisiones, sin cambiar drásticamente los patrones de consumo insostenibles del mundo y el paradigma altamente extractivista, sólo conduce a una creciente marginación de los pueblos originarios. La minería para energías renovables, las represas y proyectos renovables como los biocombustibles, geotérmicos, solares y eólicos, los proyectos de conservación forestal y las áreas protegidas, están impulsando cada vez más el desalojo de los pueblos indígenas de nuestras tierras y territorios, destruyendo nuestros medios de vida, socavando nuestros sistemas tradicionales, aumentando la criminalización y las violaciones de nuestros derechos. Desde 2015 hasta mediados de 2022, se han documentado 883 agresiones contra defensores indígenas de la tierra y el medio ambiente.

La participación sin precedentes de pueblos indígenas de todo el planeta en las cumbres internacionales de Estados sobre el clima y la biodiversidad pretende llamar la atención sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno y exigir el respeto de los derechos de los pueblos originarios en todos los acuerdos y acciones que nos afecten. También pretende aumentar la visibilidad de nuestros esfuerzos e innovaciones en materia de conservación y uso y gestión sostenibles de los distintos ecosistemas.

Con esta participación se pretende romper la paradoja de ser los que más sufrimos las consecuencias de la crisis climática (y las soluciones), a pesar de ser los que menos contribuimos a ella. Asimismo, aunque los pueblos indígenas perseveramos en la protección del medio ambiente, recibimos menos apoyo directo para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Por tanto, las comunidades originarias debemos ser reconocidas y consideradas como los titulares de derechos que realmente somos. Debe darse prioridad a garantizar el reconocimiento legal, el respeto y la protección de nuestros derechos sobre nuestras tierras, bosques, territorios y recursos. De este modo, los pueblos indígenas seremos tratados como socios auténticos e iguales.

Los derechos de los pueblos originarios son derechos humanos que deben respetarse para garantizar la aspiración común de los pueblos a vivir en paz, sin discriminación y con equidad social.

Mientras no se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, continuaremos siendo víctimas de criminalización, desposesión y ataques impunes. Deben establecerse mecanismos de rendición de cuentas más sólidos para poner fin a la impunidad de quienes violan los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios. Debe garantizarse el acceso a la justicia a todos aquellos defensores y comunidades indígenas que hayan sido víctimas de ataques y criminalización por defender sus derechos y territorios.

Los derechos humanos, la justicia climática, la justicia social, la rendición de cuentas y la acción colectiva son claves para una vida digna en el presente y para un futuro sostenible. Los pueblos indígenas nunca nos rendiremos en esta lucha.

* Directora ejecutiva de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI)