La Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó los ajustes al gasto del organismo para 2023, que se aplicarán en materiales de oficina, arrendamientos, estacionamiento, servicio telefónico y de energía eléctrica, así como en no cubrir vacantes, aunque sin reducir salarios y prestaciones.

En sesión extraordinaria, realizada ayer, la JGE validó el proyecto que el 8 de diciembre presentó la comisión de presupuesto del INE, donde señala que hubo una reducción de 4 mil 475 millones al proyecto enviado a la Cámara de Diputados, monto que los legisladores no autorizaron al no preverse una consulta popular el año siguiente.

Para ese órgano, la reducción no afecta las prerrogativas de los partidos políticos, por lo que el impacto de la reducción lo absorbe el instituto en su totalidad, no obstante que la Cámara le aprobó un monto total de 20 mil 221 millones 367 mil 571 pesos, lo cual supera los 19 mil 736 millones de pesos avalados en el presupuesto 2022.

La JGE refirió que el impacto es en el presupuesto base y la cartera institucional de proyectos, que pasa de un monto solicitado de 18 mil 463 millones de pesos a 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos, de los cuales 11 mil 546.4 millones corresponden al primer rubro y 2 mil 441.4 millones al segundo.

En materiales y otros servicios, anunció que aplicará ahorros por 96.6 millones y en vacantes 126.7 millones. Este último rubro ha sido observado por el Órgano Interno de Control, que detectó cómo el INE ha enviado ahorros al fondo de pasivo laboral, de vacantes que presupuesta, pero no ocupa.

Por otra parte, la misma JGE avaló el proyecto de demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales y sus respectivas cabeceras distritales, con una distribución a partir del Censo de Población y Vivienda de 2020.

La nueva división le da estabilidad política al país por 10 años, dijo el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova.