La reforma a la ley sobre el uso de la fuerza avanzó ayer en la Cámara de Diputados, luego de que las comisiones de Seguridad y Gobernación aprobaron el dictamen por unanimidad de 51 votos. Con ello se busca cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a los legisladores incluir los principios de racionalidad y oportunidad, así como eliminar el concepto de uso de fuerza epiletal, por el riesgo de permitir a las fuerzas policiacas utilizar armas de fuego y disparar, incluso para disolver manifestaciones.

La cámara debió reformar esa ley en febrero pasado, límite que le impuso la Corte para resolver el tema, por lo que ha estado en falta.

En sesión de comisiones, diputados de todas las bancadas se expresaron en favor del dictamen, que se confeccionó a partir de siete iniciativas de legisladores, y será enviado a la mesa directiva de San Lázaro, para que lo incluya entre las iniciativas a votar en el pleno.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), resaltó que con la reforma se supera una asignatura pendiente para el Estado mexicano, al incluir en la ley los principios de oportunidad y racionalidad en el uso de la fuerza, así como incorporar la obligación de contar con cuerpos de seguridad capacitados y formados en el respeto a los derechos humanos.

Olimpia Esquivel, de Morena, expresó que se trata de un esfuerzo conjunto de las comisiones, que entendieron la necesidad de aprobar normativas claras, para que las policías que cumplen con una tarea sensible se muestren ante la ciudadanía ejerciendo su función debidamente. Con ello se evitará que el Estado sea objeto de sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos.

Para cumplir con el mandato de los ministros, el dictamen incluye el principio de racionalidad, con objeto de que el uso de la fuerza sea producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.

Con el principio de racionalidad, se trata de evitar todo tipo de actuación innecesaria de las fuerzas policiacas, cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de personas ajenas a los hechos. Esto significa procurar que se reduzcan los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad y los derechos de las personas involucradas y sus bienes en general.

La Corte emitió el fallo a partir de una impugnación que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las omisiones del Congreso al aprobar la citada ley.