Ante la búsqueda de un amparo y protección de la justicia federal que promueve el ex jefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México le hizo un llamado para que comparezca y aclare el presunto desvío de 207 millones de pesos que durante su administración se destinaron a obras que no se realizaron, porque el que nada debe, nada teme.

Desde la semana pasada, agentes de la Policía de Investigación han intentado cumplimentar una orden de aprehensión en contra del ex líder de la bancada del PAN en el Congreso local, porque durante su mandato en esa demarcación presuntamente se suscribieron contratos con diversas empresas fantasmas a las que se les pagaron más de 207 millones de pesos.

Ese dinero fue asignado para la demolición de inmuebles dañados por el sismo de 2017 y el mantenimiento de edificios públicos, obras que no se llevaron a cabo, lo cual generó un daño al erario.

Ante la investigación que realiza la Fiscalía por el presunto desvío de recursos, los tres ex funcionarios de Benito Juárez que fueron detenidos la semana pasada quedaron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.

El juez de control del Tribunal Superior de Justicia, luego de que se cumplió el término que solicitó la defensa de Ismael N y Alejandro N, determinó que ambos quedarán bajo proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En la audiencia de continuación también se fijaron cuatro meses para la investigación complementaria, por lo cual seguirán presos, junto con José N, en el Reclusorio Norte.

Por otra parte, Martín Hernández, cuya madre y esposa fallecieron durante el colapso del edificio ubicado en Zapata 57, incluyó a cinco ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez en la ratificación de la denuncia penal por homicidio contra el entonces delegado Christian Von Roehrich.

Se trata de Luis Eugenio Ramírez Rivera, ex encargado de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, quien autorizó la expedición de licencias y el permiso de construcción del inmueble; Carlos Salvador Mendoza Villacaña, jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción, así como Luis Vizcaíno Carmona y César Mauricio Garrido López –hermano del diputado César Garrido–, encargados del área jurídica que revisó la documentación y dio el visto bueno legal para la obra.

Acompañado por el presidente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez, Hernández reiteró su exigencia de justicia a la FGJ, pues fue ignorada en la administración de Miguel Ángel Mancera.