La minuta con el plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se avalará en el Senado en cuanto empiece el periodo ordinario de sesiones del primero de febrero, dijo el presidente de esa Cámara, Alejandro Armenta.

El Senado puede optar por mandar directamente a promulgar los artículos, aprobados por ambas cámaras, de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley de Impugnación de Medios en Materia Electoral.

Es una opción establecida en la Constitución y la propia Cámara de Diputados, junto con la minuta, remitió también un acuerdo del pleno en San Lázaro que se autoriza al Senado mandar a su promulgación todo el articulado que fue aprobado por ambos órganos del Congreso.

El senador Armenta comentó que es una de las opciones que tiene esa Cámara, a partir del primero de febrero en que se inicia el periodo ordinario, ya que Morena no cuenta con la mayoría calificada en la Comisión Permanente para citar a un periodo extraordinario.

La decisión es allanarse a la modificación que hicieron los diputados al eliminar el artículo 12 de la Legipe, la llamada cláusula de vida eterna, por la que en caso de coaliciones los partidos grandes pueden transferir votos a los pequeños y evitar que se les cancele el registro.

Explicó que en el Senado se hicieron 20 cambios a la minuta que por primera vez les mandó la Cámara de Diputados y éstos aceptaron la mayoría, excepto el controvertido artículo de la Legipe que ya habían sacado los senadores, pero en la madrugada del pasado miércoles en que se votó ese plan B del Ejecutivo federal lo volvieron a introducir.

Los diputados lo eliminaron, luego de la advertencia del presidente López Obrador de que vetaría la reforma por ese artículo inconstitucional y por ello la colegisladora hizo el cambio y debió regresar la minuta al Senado, cuando ya había cerrado el periodo ordinario.

Entonces, será hasta el primero de febrero cuando el Senado se allane, es decir, acepte ese cambio y la reforma para transparentar la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir su costo y los salarios de los consejeros, así como acotar excesos, pueda concluir su proceso legislativo y promulgarse.