Jueves 22 de diciembre de 2022, p. 16
Madrid. El Senado español dio la aprobación final el miércoles a un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a los bancos y las grandes empresas energéticas, diseñado para aliviar la crisis del costo de la vida, si bien dejó fuera a las instituciones locales más pequeñas y a las unidades de los bancos extranjeros en el país.
El impuesto bancario es de 4.8 por ciento sobre los beneficios netos por intereses y las comisiones netas de los bancos sobre un umbral de 800 millones de euros (849 millones de dólares).
Para las empresas energéticas con una facturación de al menos mil millones de euros, excluyendo el negocio regulado nacional y las operaciones en el extranjero, la tasa es de 1.2 por ciento.
Después de que el proyecto de ley superó el primer obstáculo en el Congreso el mes pasado, la cámara baja introdujo algunas correcciones, volviendo a imponer el umbral de 800 millones de euros, como planteó originalmente el gobierno, aunque la versión aprobada por el Congreso pedía que todos los bancos supervisados por el Banco Central Europeo pagaran.
Dado que el proyecto de ley ha pasado sin ningún cambio, ahora la aprobación de la cámara alta es definitiva.
Los bancos y las firmas se han opuesto a los impuestos y han amenazado con impugnar el nuevo régimen fiscal. La gran mayoría de unidades españolas de bancos extranjeros, como Deutsche Bank, no será gravada a diferencia de lo que se mencionaba en una versión anterior del borrador aprobado en noviembre.
Sin embargo, BNP Paribas en España sí podría estar sujeto al gravamen según el perímetro del negocio que será gravado.
Costo de la vida
El gobierno presentó la propuesta original para crear el impuesto temporal a los bancos y las grandes empresas de energía en julio para recaudar un total de 7 mil millones de euros para 2024 para financiar medidas para aliviar las presiones del costo de la vida.
La propuesta energética estaba destinada a recaudar 4 mil millones de euros, pero el Banco de España estimó recientemente que el monto ascenderá sólo a 2 mil millones de euros al quedar fuera del gravamen sus actividades nacionales reguladas y sus operaciones en el extranjero.
