Guadalajara, Jal., A casi cinco meses de asumir el cargo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, presentó las primeras cinco recomendaciones de su administración dirigidas a autoridades municipales y estatales, tres de ellas por desaparición de personas y dos por detenciones ilegales.

El exhorto 36/22 fue por la aprehensión indebida y tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufrió una persona por la policía de Tlajomulco. La defensoría pública federal presentó una queja el 25 de abril de 2021 en favor del agraviado por violaciones graves a sus derechos humanos.

El peticionario relató que se encontraba en su taller cuando observó a un agente en la azotea de su casa, quien le apuntó con un rifle, ingresó por el patio y le colocó aros aprehensores; el uniformado lo trasladó a un módulo de la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, donde lo agredió a golpes en la cabeza con una tabla.

Se comprobó que los policías responsables falsearon información e incumplieron con el deber al servicio público, por lo que la juez que conoció la causa penal calificó de ilegal el arresto y determinó su libertad.

La CEDHJ emitió el exhorto (37/22) luego de comprobar violaciones graves a derechos humanos de una persona por parte de agentes de Tlaquepaque, luego que se verificó que el agraviado circulaba en su vehículo cuando agentes municipales impactaron la patrulla contra su vehículo y emprendieron una persecución injustificada en su contra.

En el trayecto, los uniformados accionaron sus armas para impactar sus neumáticos. El quejoso señaló que con violencia lo esposaron, lo privaron de su libertad y fue víctima de amenazas, lesiones, robo y daño en las cosas, detalló el organismo.

Se documentó que los policías cometieron desaparición forzada y vulneraron derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal, libertad y al trato digno, agregó.

La recomendación 33/22 es por la desaparición de una persona y por la omisión de autoridades estatales en la implementación de acciones suficientes para garantizar y proteger el derecho contra la desaparición forzada y la cometida por particulares, con una deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, así como nulas o pocas acciones de búsqueda y localización de la persona desaparecida.

La 34/22 se refiere a la desaparición de cuatro individuos en Oco-tlán, lo que ha dejado en evidencia que personal de la Comisaría de la Policía Preventiva y Vialidad de ese municipio no cumplieron con su obligación de cuidar y proteger, realizando dolosamente la detención de las víctimas directas, mismas que no han sido localizadas.

En el caso de la desaparición de Óscar Antonio López Enamorado se giró la recomendación 35/22, por la omisión de las áreas encargadas de la seguridad pública, procuración y acceso a la justicia del Estado para realizar la búsqueda bajo estándares y protocolos aplicables.

La madre de Óscar Antonio refirió a la CEDHJ que en enero de 2020 se cumplieron 10 años de la desaparición de su único hijo y a la fecha, la fiscalía estatal no le ha compartido información que garantice el acceso a la verdad y la justicia.