Madrid. La Fiscalía General del Estado español decidió ayer archivar la investigación sobre el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de la ciudad de Melilla, cuando al menos 24 migrantes de origen subsahariano murieron por aplastamiento o por golpes de la gendarmería marroquí.

La dependencia tomó esta decisión al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas españolas, anunció el Ministerio Público. No puede concluirse, agregó, que la actuación de los agentes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.

Ni las investigaciones independientes y organizaciones no gubernamentales, ni los cuestionamientos de las instituciones europeas incitaron a la Fiscalía a profundizar en la indagatoria de la peor tragedia fronteriza en cuatro décadas en el país.

El Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, en alianza con Unidas Podemos, nombró fiscal general a Álvaro García Ortiz, ex subalterno de la ex titular de la dependencia, la también ex ministra de Justicia, Dolores Delgado. En el momento más delicado para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalado por mentir y manipular los hechos de Melilla, el fiscal propuso archivar la causa.

La Fiscalía señala que el gobierno tiene la obligación de garantizar a los migrantes posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar por acudir al sistema legalmente establecido.

No obstante, el mismo fallo advierte que debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos.

La decisión final sobre el casola tendrá el juez instructor, que tiene sobre su mesa investigaciones que apuntan a una presunta negligencia por parte de las autoridades, en concreto contra el ministro Grande-Marlaska.