En votación secreta, el próximo 2 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá a su nuevo presidente.

Mediante sufragios por cédulas, los 11 ministros decidirán cuál de los cinco aspirantes (Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán o Norma Lucía Piña Hernández) ocupará este cargo durante los próximos cua-tro años.

Desde el pasado 6 de diciembre, 40 organizaciones de la sociedad civil desplegaron una campaña, identificada con el hashtag #CorteAbierta, exigiendo que se transparente el procedimiento y se les permita participar, exponiendo sus propuestas ante los ministros.

Entre las organizaciones que impulsan esta petición están Designaciones, Fundar, Justicia Transicional México y Transversal, entre otras.

Afirman que es necesario que en esta elección se garantice la independencia del Poder Judicial Federal (PJF), las políticas internas de equidad de género, transparencia, el combate al nepotismo y la corrupción, además de la administración de justicia con un enfoque en derechos humanos.

Entre otras cosas, exigen que se les permita hacer preguntas a los ministros candidatos, en una sesión donde se hagan públicas sus propuestas, y que ésta se transmita en el canal de televisión del PJF.

Estas organizaciones piden que el voto de cada ministro se haga público, con objeto de transparentar sus preferencias y los grupos al interior del máximo tribunal.

Necesitamos una Suprema Corte de Justicia fuerte, sólida e independiente. Necesitamos una Corte que realmente proteja nuestros derechos, que tome decisiones sin influencias de los poderes ejecutivo y legislativo. Para lo cual, la forma como se desarrolle esta importante decisión es clave para su garantía y transitar hacia designaciones que construyan confianza y legalidad, añaden.

En contraste, Raúl Mejía, investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, y que también fue secretario de estudio y cuenta de la SCJN, sostiene que la secrecía de la votación de los ministros es natural en un órgano colegiado de sólo once integrantes, y que hacer los votos públicos es una propuesta sin sentido.

Explicó que, por definición, la SCJN, como cabeza del PJF, es un órgano colegiado cuyos miembros no son electos por voto popular, como sucede con los poderes Ejecutivo o Legislativo, y en donde teóricamente no hay preferencias partidistas, por lo que el sufragio mediante cédulas –las cuales son destruidas inmediatamente después de cada ronda de votación–, es necesario para evitar una excesiva politización y división del pleno de ministros.

Se genera una condición de disfunción tremenda si se abren las votaciones, porque es en el único momento donde hay una cierta animosidad o condiciones de preferencia entre uno u otro, sostuvo el investigador.

Añadió que en las votaciones y posicionamientos cotidianos en la SCJN se puede ver cuáles grupos existen al interior y las alianzas entre los ministros, por lo que llevarlos a hacer públicos sus votos por la presidencia del PJF no añade ningún elemento útil.

Estoy completamente en desacuerdo, estas ideas son muy pedestres, no creo que haya una reflexión detrás, simplemente que les gusta el chisme: quién votó por quién, ¿no? En el fondo esto no hace ninguna diferencia, sostuvo.

Señaló también que abrir el proceso a un diálogo entre ministros y la sociedad civil podría traducirse en darles a esas organizaciones una condición de veto por cualquiera de los aspirantes, lo que afectaría la independencia del PJF.

Desde fuera, las votaciones son básicamente quién me cae bien, quién me cae mal, quién ha votado a favor de los asuntos que me importan y quién no. Eso acaba siendo, concluyó Mejía.