Funcionarios de alto nivel del gobierno federal informaron que sobre Ovidio Guzmán, capturado ayer por elementos de las fuerzas armadas, pesan acusaciones por delitos relacionados con el tráfico de drogas tanto en México como en Estados Unidos. Además, se le detuvo en flagrancia, por lo que también se le pueden imputar ilícitos relativos a su intento de huida, como tentativa de homicidio.

Agregaron que Washington solicitó su extradición en septiembre de 2019 –un mes antes del fallido operativo donde se le había capturado, pero ante el riesgo para la población civil se le dejó en libertad–, aunque descartaron que ésta se vaya a dar en fast track, pues se cumplirán los procedimientos marcados en la ley.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios del gabinete de seguridad delinearon en la mañanera de ayer los delitos por los que se busca al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, capo del cártel de Sinaloa y quien está bajo proceso judicial en Estados Unidos.

Ilícitos contra la salud

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que del lado estadunidense pesan sobre el detenido delitos que versan acerca de conspiración para la introducción de drogas a esa nación.

Mientras, en México se cuenta con elementos para llevarlo ante los tribunales por delitos contra la salud e ilícitos relacionados con armas de fuego, inicialmente.

Asimismo, dijo, existen investigaciones relativas a delincuencia organizada tanto contra Ovidio como otras personas pertenecientes a su organización criminal. Lo anterior, independientemente de lo que resulte de los hechos suscitados en ocasión de su detención.

De su lado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, refirió que a Guzmán López se le detuvo en flagrancia por varios delitos: posesión de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tentativa de homicidio y otros.

En lo referente a la extradición, el presidente López Obrador indicó que ésta no se daría en fast track, pues se deben seguir los procesos correspondientes en la ley.

Pidió al canciller Marcelo Ebrard dar los detalles de este proceso, a lo que el funcionario remarcó que la extradición no es una decisión meramente política, sino que corresponde tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a los jueces de la causa definir si se extradita o no a una persona requerida, con base en la ley en la materia.

Explicó: “Sobre el caso de Ovidio, hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición de acuerdo con la ley de extradición y los tratados vigentes (…) ¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona? Se le pone en función del juez y la ley de extradición marca los plazos para que se presenten elementos, evidencias, pruebas en su contra. Estimamos que (en este caso) va a ocurrir entre cuatro y seis semanas por parte de Estados Unidos”.