Integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, con sede en Cananea, Sonora, bloquearon ayer el tramo Cananea-Ímuris de la carretera federal México 2, que conecta Sonora con Baja California y Chihuahua, lo que dejó varados cientos de camiones cargados con mercancías.

Los manifestantes exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para dar solución inmediata al conflicto laboral que data de hace 15 años con la mina de cobre explotada por la trasnacional Grupo México, propiedad de Germán Larrea.

Ayer a las ocho de la mañana, cientos de mineros en huelga desde 2007 se reunieron en la explanada del Mausoleo a los Mártires de 1906, en el municipio de Cananea; ahí acordaron bloquear la vía a fin de solicitar a López Obrador y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, interceder para que se cumplan los acuerdos pactados entre la sección 65, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Grupo México en reuniones celebradas en los meses recientes.

Hasta anoche, unos 200 trabajadores acompañados de sus familias obstaculizaban la vialidad, lo que provocó que se formara una fila de automotores de más de 100 kilómetros. Elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional acudieron para vigilar y evitar altercados entre transportistas y mineros.

En entrevista, Heriberto Verdugo Martínez, delegado del Comité Ejecutivo del sindicato minero, expuso que el movimiento conformado por 657 trabajadores no va a detenerse hasta que reciban una respuesta pronta y clara de las autoridades federales.

Consideró que es momento de dar una respuesta favorable y de fondo a los trabajadores que continúan con su lucha.

Después de más de 15 años que tiene nuestro movimiento, parece que el Estado mexicano no se ha dodo cuenta de lo que somos capaces de hacer por lograr la justicia tan esperada. A pesar de la espera, de las agresiones recibidas y de la discriminación laboral, aún tenemos fuerzas para seguir luchando, y lo haremos hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre, expuso Verdugo Martínez.

Responsabilizan a Luisa María Alcalde

Los inconformes demandan a las autoridades federales en materia laboral que Grupo México pague los salarios caídos durante la huelga y les restituya sus plazas laborales. Consideran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido omisa en dar seguimiento a la validación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que señaló las violaciones que el Estado mexicano ha cometido en contra del grupo de mineros. Es una burla laboral e institucional, afirmaron.

El 30 de julio de 2007, la sección 65 del sindicato inició una huelga para exigir a Grupo México resolver problemas de seguridad e higiene. Desde entonces, sus familias carecen de trabajo, educación y salud, además de que 38 de los operarios en huelga han fallecido.

Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la gremial denunció que no se ha reconocido a los mineros su derecho a la huelga, por lo que tampoco se les han pagado prestaciones ni se les han cumplido sus derechos a la vivienda y salarios.

Los responsables de esto son en primer lugar Luisa María Alcalde (secretaria del Trabajo), que no ha podido sentar a Germán Larrea para recuperar nuestro trabajo, reprochó.