En un hecho sin precedente, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Presidente de la República incurrió en violencia política e institucional por las críticas emitidas hacia quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.

La sentencia, en la cual se incluye en los mismos términos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, tiene origen en una denuncia de Movimiento Ciudadano.

El proyecto presentado por el magistrado Luis Espíndola señalaba que las manifestaciones no constituían esos tipos de violencia, porque no se obstaculizó ni se impidió la labor legislativa, pero el criterio no fue compartido por el magistrado presidente Rubén Lara ni por el magistrado en funciones, Gustavo César Pale.

Los partidos políticos, candidatos y particulares pueden ser multados por la Sala Especializada, pero la norma vigente no permite sancionar a servidores públicos, sólo dar vista al superior jerárquico. En este caso, para Sheinbaum es el Congreso de la Ciudad de México. Para Mier, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La vista no aplica para el jefe del Ejecutivo.

Al fijar su postura, el magistrado presidente señaló que si bien el debate político es vigoroso, la libertad de expresión tiene límites constitucionales bien definidos. Si permitimos que se diga cualquier cosa, pues entonces podríamos no necesariamente hacerle un favor al ejercicio de los derechos, aseveró.

Espíndola defendió su proyecto con el argumento de que una sentencia en los términos finalmente aprobados limita el debate público y la libertad de expresión.

Hacerlo, bajo el parámetro que se plantea, me parece que se inscribe en un riesgo muy preocupante que estaría encaminado a limitar el debate público, abierto en toda sociedad democrática. En este caso, cuando no existe prueba suficiente que permita arribar a una conclusión de esta gravedad, como es la violencia política o un intento de incitar la violencia, advirtió.

En principio, precisó, porque el dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador fue en el sentido de que las élites políticas a lo largo de su historia han apoyado a empresas extranjeras y con ello traicionan al país; la jefa de Gobierno y el diputado morenista hicieron expresiones similares.

Subrayó además que la acreditación de calumnia, de quienes llamaron traidores a la patria a legisladores, ya fue un asunto juzgado y no debe tomarse el criterio de que, como hubo calumnia, también existió violencia política e institucional.

Entre los argumentos expuestos dijo que en los mensajes de los funcionarios aludidos no hay lenguaje de odio. Las expresiones del Presidente de la República forman parte del debate político que debe ser abierto, plural, fuerte, vigoroso, áspero, cáustico, incómodo, que es parte de la deliberación propia de cualquier sistema democrático.

Reacciones

Jorge Álvarez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados, celebró el fallo de la sala especializada del TEPJF. Calificó esa resolución como histórica, ya que se reconoce el concepto de violencia política e institucional. Hasta ahora sólo se reconocía la violencia política de género, recordó.

En contrapartida, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, reiteró que son traidores a la patria todos aquellos funcionarios públicos y legisladores que no piensan en el interés de México y los mexicanos.

Con datos de la Redacción