as cabañuelas de principios de año anunciaban que enero traería tormentas, pero pocos imaginaron la magnitud de ellas. La violencia sobre los pueblos indígenas en este primer mes del año que comienza ha adquirido tal dimensión y modalidades que da mucho en qué pensar. Lo mismo se reprimen movilizaciones comunitarias de oposición a megaproyectos, que se asesina a guardias comunitarios encargados de brindar seguridad a los pueblos de los que forman parte; igual se desaparece a defensores de comunidades en lucha que se detiene, sin fundamento ni motivación alguna, autoridades comunitarias que defienden los derechos de sus representados. Todo esto en un contexto donde organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el país es donde más violencia se ejerce sobre defensores de derechos humanos.

Una constante en esta violencia es que se presenta en regiones donde más oposición generan las obras emblemáticas del gobierno federal. Es el caso de la represión que el 9 de enero se ejerció contra habitantes de Nuevo Paraíso, Campeche, que tenían bloqueadas las obras del Tren Maya. La acción policiaca comenzó al mediodía y en ella participaron cinco unidades de la fiscalía estatal con al menos 40 elementos fuertemente armados, dos del Ejército Mexicano y alrededor de 16 efectivos, dos patrullas de la policía estatal preventiva con cerca de 10 agentes, dos unidades de la Guardia Nacional compuestas de 10 personas, así como tres camionetas de Fonatur. Una fuerza excesiva innecesaria para cumplir su objetivo, pero necesaria para infundir temor. En la acción varias personas resultaron golpeadas y se detuvo a dos señaladas como responsables del bloqueo.

Es el caso también de la detención del señor David Hernández Salazar, agente municipal de la comunidad de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, donde se planea la construcción de un parque industrial para el funcionamiento del Corredor Transístmico, otra de las obras emblemáticas del gobierno federal. Su detención ocurrió el 17 de enero en la ciudad de Tehuantepec, en cumplimiento de una orden judicial, por los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas. Sus compañeros se movilizaron y denunciaron su desaparición, con lo que lograron su libertad, lo que los hace sospechar que lo que buscaban era imputarle delitos inventados para detenerlo, como forma de cesar su oposición a las obras del Corredor Transístmico.

Otra forma de agresión a los pueblos indígenas, donde no participan directamente instituciones gubernamentales, pero les cabe responsabilidad por omisión, es el asesinato de opositores al régimen. Como escribió en estas páginas Magdalena Gómez: El pasado 12 de enero fueron asesinados tres integrantes de la guardia comunal de Santa María Ostula y de la guardia comunitaria del municipio de Aquila: los comuneros Isaul Nemecio Zambrano (de la encargatura de Xayakalan), Miguel Estrada Reyes (encargatura de La Cobanera) y Rolando Mauno Zambrano (encargatura de La Palma de Oro). Los crímenes se perpetraron en un punto de vigilancia cerca de la cabecera municipal de Aquila, por un comando de unos 20 integrantes de uno de los grupos delictivos que operan en la zona. Ningún orden de gobierno ha dicho algo al respecto.

El caso más reciente es el secuestro y la desaparición del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del dirigente de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, el pasado domingo 15 de enero en el trayecto entre Aquila y Tecomán, Colima. De acuerdo con las denuncias públicas de sus compañeros y organizaciones de derechos humanos –incluida la representación de la Organización de Naciones Unidas en México–, el abogado acompañaba a la comunidad nahua de Aquila en la defensa legal de sus tierras comunales, codiciadas desde hace años por empresas mineras que operan al límite de la legalidad y en colusión con grupos del crimen organizado. Como en el caso anterior, la agresión no ha suscitado ninguna declaración de autoridad alguna, no obstante ser obligación de todas brindar seguridad a la población.

Una de las características del capital en esta coyuntura es el control de los espacios para operar y la rapidez de su movimiento. De ellas, así como del despojo de los bienes naturales dependen sus ganancias, no de la explotación de la mano de obra para producir plusvalía, como en épocas pasadas. Y tanto los espacios como los recursos que le interesan se encuentran en territorios indígenas. Eso puede explicar tanta violencia legal e ilegal en contra de ellos. Lo que no se explica es que un gobierno que se declara antineoliberal mantenga los patrones de represión de sus antecesores, de los que busca alejarse. Se debería tener cuidado con ello, pues la violencia genera violencia y los pueblos también se cansan de siempre poner los muertos.