Juan Pablo Badillo Soto, quien se ostenta como abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga para que su cliente sea devuelto a México, evitando así que cumpla la condena de 30 años de prisión que se le dictó en julio de 2019 por un tribunal estadunidense, la cual califica de equivalente a una pena de muerte. La solicitud fue revisada por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien requirió que el litigante compruebe que efectivamente tiene la representación jurídica del ex cabecilla del cártel de Sinaloa.

La semana pasada, Guzmán Loera hizo pública una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno de México haga las gestiones necesarias con el fin de que cumpla su sentencia en nuestro país.

Según el acuerdo publicado en los estrados electrónicos de la SCJN, el escrito de Badillo Soto enviado al máximo tribunal afirma que se hizo el mismo exhorto al presidente López Obrador; a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar.

Soy abogado defensor y apoderado judicial del señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en el momento actual, mi defendido y representado se encuentra ilegalmente privado de su libertad personal, en una cárcel de extrema seguridad, sufriendo una privación ilegal de su libertad personal, bajo una pena de muerte de más 30 años en reclusión que fue dictada por la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, señala Badillo Soto.

Argumenta que Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos diferentes a los que finalmente se le imputaron para condenarlo, lo cual violaría el tratado bilateral.

“Por lo anterior analizado, legalmente fundado y expuesto… pido... único. -que su excelencia embajador, para el efecto de que a mi defendido… le sea indultada la inquisitorial pena de muerte en cadena perpetua… a fin de que sea repatriado a México y juzgado bajo condiciones justas y humanitarias”, señala la solicitud.

Badillo Soto, pese a ser cercano a la familia del ex cabecilla del cártel de Sinaloa, no ha tenido éxito en varios de los amparos que ha promovido, precisamente por no poder acreditar que actúa en defensa de Guzmán Loera.

Por ello, el acuerdo de la SCJN le notifica que sólo si acredita plenamente sus facultades legales para ejercer la profesión de licenciado en derecho se le tendrá como parte autorizada en este asunto.