Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso estatal sufren una grave crisis de legitimidad, pues obedecen a intereses ligados al partido Movimiento Ciudadano (MC), al que pertenece el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y los alcaldes de los principales ayuntamientos, consideraron activistas y colectivos al evaluar los resultados de ambos organismos.

El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, en el contexto de los 30 años de creación de la CEDHJ, recordó que en 2022, cuando se renovó la presidencia de dicho órgano, se designó a Luz del Carmen Godínez González, quien incumplió los requisitos para ocupar el cargo, como no haber sido funcionaria en los años previos a su nombramiento.

Integrado por una docena de agrupaciones, el organismo civil se manifestó a favor de acabar con la ineficacia y falta de resultados de Godínez González, a quien empleados de la CEDHJ han acusado de convertir la defensoría en una oficina de partes de MC o del gobierno alfarista, donde prevalecen la improvisación y el amiguismo.

La evaluación analizó el trabajo que tanto la CEDHJ como los diputados han hecho ante problemas lacerantes en Jalisco, como la desaparición de personas, la tortura, la violencia de género, contra pueblos indígenas, conflictos socioambientales y ataques a periodistas o activistas, entre ellos Saúl Villafuerte, del colectivo Foco Tonal, quien denunció que balearon su casa.

Exigen salida de Luz del Carmen Godínez

También se informó que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, además de Brote por Dignidad y Justicia Tsikini, siguen pugnando jurídicamente para lograr la salida de la presidenta de la CEDHJ, ante las anomalías del proceso que la puso en el cargo.

Javier Armenta, vecino de Huentitán y uno de los tres estudiantes sometidos a proceso penal por la supuesta invasión a un predio donde se construye el complejo habitacional Iconia, señaló que la CEDHJ no responde a los intereses del pueblo, sino del gobierno, y a pesar de las irregularidades en este caso, la defensoría ni siquiera se ha manifestado.