El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este mes las primeras dos controversias constitucionales por la reciente reforma electoral o plan B, con las que impugnará las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Públicas ya vigentes.

Apenas entren en vigor las cuatro normas restantes de ese paquete legislativo, el Instituto interpondrá los recursos correspondientes.

Esas cuatro leyes, modificadas en diciembre del año pasado dentro del plan B, son la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Medios de Impugnación y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo pronto, el INE ya interpuso controversia constitucional por el recorte presupuestal de 4 mil 500 millones de pesos para 2023.

Fecha límite: 2 de junio

En conferencia de prensa, siete de los 11 consejeros del INE explicaron ayer que para que las elecciones de 2024 se realicen con base en el plan B, las modificaciones deben estar confirmadas a más tardar el 2 de junio, ya con la eventual ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo contrario los comicios se harán con las normas actuales.

Vamos con todo... No habrá una sola decisión inconstitucional que no se contravenga... No nos vamos a doblar, declaró el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Subrayó que el INE irá a tribunales no sólo como demandante, sino también como proveedor de información, en asuntos impulsados por otras instancias, para hacer frente a la constelación de inconstitucionalidades.

Acorde con lo expuesto ayer por los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Uuc-kib Espadas, Ciro Murayama y Córdova, en los recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentarán que la reforma vulnera los derechos político electorales de los ciudadanos y, por tanto, sus derechos humanos.

Los consejeros alegarán que el plan B no garantiza certidumbre en las reglas democráticas; que no hay garantía de instalación de todas las casillas y que se afectarán los derechos de los grupos vulnerables y los derechos laborales por recortes autoritarios, así como la autonomía del Instituto.

También expondrán que las reformas en comunicación social hacen de lado el artículo 41 constitucional (reglas de la propaganda gubernamental) y disminuyen el porcentaje destinado a campañas institucionales. El INE impugnará, además, que habrá un recorte de más de 80 por ciento del personal especializado, situación frente a la cual no se podrán garantizar elecciones de calidad.

Sostendrán los consejeros que la pretendida instalación de módulos de atención ciudadana en escuelas u oficinas gubernamentales abrirá riesgos para la protección de los datos personales.