La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó al Estado mexicano a cumplir lo ordenado el viernes pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, detenidos en enero de 2006 por policías federales en la carretera México-Veracruz, arraigados por más de tres meses y en prisión preventiva por dos años y medio. Respaldó que el tribunal solicite las acciones necesarias para adecuar la legislación en materia de prisión preventiva con los estándares internacionales. Asimismo, destacó que la sentencia está en línea con lo señalado por los comités de Derechos Humanos y contra la Tortura de la ONU en el sentido de que la aplicación del arraigo es preocupante por la ausencia de medidas de control, la falta de proporcionalidad en su duración, su cumplimiento en ocasiones en instalaciones militares y las denuncias por tortura. La CoIDH declaró que el Estado mexicano es responsable de violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de las víctimas.