El Ministerio Público Federal presentó testigos y pruebas documentales para acreditar que la empresa Centro de Productividad Avanzada (Cepra) fue contratada ilegalmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2016, por lo cual tres ex funcionarios de la institución fiscal se encuentran sujetos a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En el segundo día de la etapa de juicio en instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, se dieron a conocer documentos que confirman transferencias financieras por más de 450 millones de pesos a Cepra, a pesar de no cumplir con las bases de la licitación y no contar con el equipo, la calidad de servicio e instalaciones comprometidas en el país.

De acuerdo con las pruebas documentales presentadas por los testigos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), se dio cuenta de que Cepra obtuvo ingresos desde marzo de 2007 y hasta enero de 2020, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del SAT detectaron que esta empresa no contaba con los equipos de cómputo, móviles y fijos, ni con los periféricos para que pudieran laborar y atender al público que requería servicios de orientación fiscal.

Durante la audiencia encabezada por el juez Juan José Hernández Leyva, las autoridades establecieron que a pesar de las inconformidades presentadas por las empresas que compitieron con Cepra por la adjudicación, hasta en cuatro ocasiones se arreglaron los fallos con los cuales se otorgó el contrato por el que la compañía podía obtener hasta mil 100 millones de pesos.

Los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron como testigo de cargo a Luis Manuel Pérez de Acha, ex integrante del consejo ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, como el ciudadano que interpuso en 2019 la denuncia y reveló que su querella se inició con base en los reportes realizados por la ASF y que se sustentaron en las revisiones hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2017.

Explicó que tanto la ASF como la SFP descubrieron que Cepra no contaba con capacidad para entregar los equipos comprometidos y proporcionó información falsa sobre los domicilios en los que supuestamente contaba con instalaciones para atender las necesidades del personal del SAT.

En tanto, el agente de la Policía Federal Ministerial, Julio César Rueda, confirmó que en los equipos de cómputo del SAT localizó toda la documentación que se empleó para la contratación de Cepra, información que hasta el momento ya ha sido validada e incorporada para la etapa final del juicio y en la que se acredita que las inconformidades presentadas fueron arregladas para que la compañía tecnológica siguiera como titular del acuerdo comercial, y solamente se le sancionara por los incumplimientos que se reportaron de manera formal.