De los 1.2 millones de derechohabientes que recibieron en 2022 la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 197 mil 339 corresponden a quienes se atienden en el convenio de universalización del subsidio, de acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar.

El 15 de diciembre de 2021 se firmó el acuerdo para la universalidad de esta pensión, con la participación de la Federación y 30 gobernadores (con excepción de Coahuila y Jalisco), para que el gobierno de la República aporte 50 por ciento y los estatales la otra mitad del presupuesto para que todas las personas con discapacidad permanente hasta de 64 años reciban el apoyo, sin distinción.

Para cumplir lo convenido se han realizado reuniones de trabajo para coordinar acciones. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró a La Jornada que los gobiernos estatales están respondiendo a la convocatoria de universalización expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a fines de 2021.

Agregó que 14 estados son parte de la estrategia, entre ellos Quintana Roo (Mara Lezama) y Tamaulipas (Américo Villarreal). Esta semana se reunió con José Ricardo Gallardo, mandatario de San Luis Potosí, y la próxima semana verá a Esteban Villegas, de Durango. Este año vamos a dar otro avance importante en la universalización, auguró.

La expectativa es que al concluir el sexenio, los estados que signaron el acuerdo hayan oficializado la universalización y comiencen a distribuir los subsidios.

De total de beneficiarios de la pensión, al cuarto trimestre de 2022, 43 por ciento eran mujeres (526 mil 271) y 57 por ciento hombres (698 mil 358); 20 por ciento residían en un municipio o localidad indígena o afromexicana o municipios o localidades con alta y muy alta marginación. A partir de este año, el subsidio es de 2 mil 950 pesos bimestrales.

Este año la pensión aumentó 4 mil millones, por lo que tiene asignados 26 mil millones de pesos, destacó Montiel Reyes.

En los últimos meses de 2022, la Secretaría de Bienestar comenzó a entregar las tarjetas bancarias en los estados donde hubo inversión (de 50 por ciento) para que el programa fuera universal.