En 2021, el primer año de operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (Probipi), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no evaluó si éste contribuyó al desarrollo integral de las comunidades indígena y afromexicana, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2021, la ASF señaló que el Probipi, que contó con un presupuesto de mil 75 millones de pesos aquel año, benefició a 480 mil personas, equivalentes a 5.1 por ciento de la población objetivo.

La auditoría, que comprendió la revisión del diseño del Probipi, así como su eficiencia, eficacia y economía, señala que el INPI atendió a 110 mil 449 pobladores de regiones prioritarias, equivalentes a 2.1 por ciento del total de personas que se encontraron en dichas zonas (5 millones 397 mil 332), resultado que se encontró por debajo de la meta de atender a 10 por ciento.

En la puesta en marcha, los problemas se relacionaron con asegurar que los proyectos y personas apoyados con el programa cumplieran los requisitos y atendieran los criterios de priorización señalados en las reglas de operación del Probipi, que los apoyos se otorgaran conforme a los montos máximos establecidos y se definieran indicadores para medir el desarrollo integral y el bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano.