El llamado plan B se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia ante el Poder Judicial, asienta una investigación elaborada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá poco tiempo para resolver dichas impugnaciones, pues el artículo 105 de la Constitución prohíbe realizar cambios a normas en la materia 90 días antes del inicio de los procesos electorales, por lo que el máximo tribunal deberá determinar antes de junio de este año, a fin de preservar la certidumbre del proceso de 2024.

El estudio realizado por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del IBD apunta que hasta el primero de febrero se habían presentado al menos seis recursos contra el plan B: un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y algunos legisladores, así como una controversia constitucional del propio Instituto Nacional Electoral (INE) contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.

El análisis se titula Aspectos del proceso legislativo de la reforma electoral (plan B) y fue elaborado por el investigador del IBD César Alejandro Giles Navarro, quien indica que los actores inconformes señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.

Aunado a lo anterior, agrega la investigación, se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales, que será retomado por el Congreso esta semana, motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales.

Esto debido a que todos quienes promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental han advertido que harían lo mismo con las referidas a normas sobre la estructura y el funcionamiento del INE.

El estudio también contiene algunos de los argumentos expuestos por el gobierno federal y la bancada de Morena y sus partidos aliados en el Congreso en favor de las reformas, entre los que destacan el tema de la austeridad que, estiman, generaría un ahorro superior a 3 mil millones de pesos en los procesos electorales; al igual que los contrargumentos que ha dado la oposición.

El investigador destaca que para invalidar el plan B se requeriría el voto en ese sentido de la mayoría calificada de la SCJN.

Las reformas en materia electoral se componen de dos iniciativas, una en materia de propaganda gubernamental, que se publicó el 27 de diciembre de 2022; y la segunda que, entre otras cosas, plantea la compactación y restructuración del INE, así como la eliminación de la cláusula conocida como de vida eterna para los partidos. Se tiene previsto que sea esta semana cuando el Senado discuta este segundo paquete.