El juzgado segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó la suspensión para frenar la Ley General de Comunicación Social, que plantea que los entes públicos sólo pueden usar 0.1 por ciento de su presupuesto para publicidad.

El juez Germán Cruz admitió a trámite el primer recurso de la Asociación de Municipios de México, para impugnar aspectos del llamado plan B de la reforma electoral, impulsado por el gobierno federal. Asimismo, fijó el próximo día 20, a las 10 de la mañana, la audiencia incidental donde determinará si concede la suspensión definitiva.

La agrupación presentó el recurso el pasado día 9, la cual será estudiada por el juzgador. Entre los actos reclamados está el artículo 26 de dicha enmienda, el cual dice que el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social no debe rebasar 0.1 por ciento del presupuesto de egresos correspondiente. En las entidades federativas, el límite de erogación a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Incluso señala que los entes públicos pueden presentar a la unidad administradora modificaciones al contenido del Programa Anual de Comunicación Social, a más tardar el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la modificación implique un incremento del gasto asignado, el ente público debe explicar en la solicitud las situaciones de carácter emergente, caso fortuito, fuerza mayor o, en su caso, si fueran necesarias para generar ingresos al Estado.

Además, corresponde a la Secretaría de Hacienda autorizar las adecuaciones presupuestarias en los términos de la norma aplicable. La reforma fue impugnada en la Corte por 75 municipios gobernados por el PAN en entidades del estado de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.