La repatriación de niños y adolescentes de Estados Unidos a México alcanzó su mayor número entre enero y diciembre de 2022, desde que se ese fenómeno se contabiliza, al haberse registrado 24 mil 956 eventos migratorios. De esos menores 5 mil 4 fueron acompañados, y 19 mil 952 no acompañados.

La Secretaría de Gobernación y su Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (Upmrip) dieron a conocer que Tijuana, Baja California, se colocó en primer lugar como punto oficial de repatriación, con un total de 4 mil 890 casos, seguida de Nogales, Sonora, con 4 mil 868 eventos.

De los menores y jóvenes acompañados 34 por ciento correspondió a menores de 11 años, y el resto, 66 por ciento, se trató de adolescentes de 12 a 17 años. En el caso de los no acompañados, 1.4 por ciento fueron pequeños con menos de 11 años, y 98.6 por ciento, muchachos entre 12 y 17 años.

La mayoría de los niños y adolescentes acompañados son de Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y estado de México.

El texto sostiene que en años recientes se han observado cambios en la composición de los flujos de personas en situación migratoria irregular que se originan y transitan por México, cambios que responden a los diversos escenarios políticos, sociales y económicos de los países de origen, despertando especial interés el caso de la migración de niños y adolescentes.

La denominada crisis humanitaria que se vivió en 2014 centró las miradas de funcionarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en los grupos de migrantes más vulnerables, en particular en el de los niños y adolescentes no acompañados.

Esa estadística se elaboró con datos aportados por el Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de operar parte de la política migratoria. También en enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que, entre otros temas, establece el tipo de alojamiento al que deben acceder los niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados y las medidas de protección a las que tienen derecho.

A ese grupo de personas migrantes se le considera como canalizado; no obstante, los datos y estadísticas continúan reflejando a los niños y adolescentes que ingresaron a México en situación migratoria irregular y que fueron detectados por el Instituto Nacional de Migración, pero enviados o canalizados a los albergues de la red DIF y a los que se les inició un procedimiento administrativo migratorio.