Mientras la alcaldesa de Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, fue objeto de un procedimiento especial sancionador por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ante presuntas violaciones electorales en su primer informe de gobierno, su homóloga de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sumó una nueva denuncia por promoción personalizada por la colocación de mantas en las que a título personal ofrece disculpas por afectaciones a la zona por obras de bacheo y rencarpetamiento.

El representante de Morena ante el IECM, Eduardo Santillán, presentó una nueva queja contra Cuevas, ya que la acción de colocar mantas con el nombre de la funcionaria encuadra en presuntos actos anticipados de precampaña o campaña y violan la Constitución General de la República y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el documento, Santillán solicitó medidas cautelares para que se retiren las mantas que han sido colocadas en las colonias Doctores y Juárez.

Se observa la promoción de las acciones realizadas por la alcaldía, pero las difunde a título personal, lo cual podría constituir promoción personalizada, dando una percepción errónea a la población, dado que se hace con recursos públicos y no propios, señala el texto de la denuncia.

Gasto con cargo al erario

Por otra parte, de acuerdo con el expediente de Lía Limón, el costo de la difusión de su informe en la Expo Santa Fe tuvo un costo para el erario de más de 1.8 millones de pesos, que además de incluir la renta de un escenario, pantallas y audio, también implicó el salario de un animador y una maestra de ceremonias.

El IECM halló indicios de irregularidades debido a que durante su informe la alcaldesa anunció su interés de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

De acuerdo con el órgano electoral, la erogación de recursos públicos debe ser institucional e imparcial, por lo que inició el procedimiento contra Limón.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todos los servidores públicos de la Federación, entidades, municipios y alcaldías tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.