Un tribunal colegiado de la Ciudad de México negó la protección de la justicia federal a Ismael Quintero Arellanes, sobrino del fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, contra la orden de extradición a Estados Unidos, ya que es requerido por la Corte de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, por presuntos delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

La Justicia de la Unión no amparó ni protege a Ismael Quintero Arellanes contra el acto que reclamó la Secretaría de Relaciones Exteriores, consistente en la resolución del 12 de abril de 2021, mediante la cual se concede su extradición al gobierno de Estados Unidos y su ejecución (detención, traslado y entrega al Estado requirente), atribuida al fiscal general de la República y director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, señala el resolutivo fallo quinto tribunal colegiado en materia penal.

El fallo da luz verde para que el integrante de la organización de Rafael Caro Quintero, capturado en Culiacán, Sinaloa, el 29 de enero de 2020, sea entregado a las autoridades estadunidenses.

En noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó amparar al promovente, quien impugnó el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, así como la Ley de Extradición Internacional.

Fue detenido en febrero de 2020 durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en un fraccionamiento de lujo en Culiacán, Sinaloa. Días después, el gobierno estadunidense anunció que buscaría su extradición.

El acusado conspiró con miembros de la organización narcotraficante de Caro Quintero en flujo de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, y cocaína hacia Estados Unidos, describió en su momento el fiscal Richard Donoghue, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este tráfico de drogas se habría registrado desde enero de 2008 hasta junio de 2018.

Podría recibir hasta cadena perpetua

Los cargos, si es enjuiciado y declarado culpable, implican una condena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.