on toda razón se niega el presidente López Obrador a pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno represor de Dina Boluarte, que ha asesinado a decenas de manifestantes en Perú (ver Gianni Prioettis, La Jornada, 23/2/22). AMLO debería aprovechar esta crisis, buscando el apoyo del presidente colombiano Petro, para eliminar de una vez por todas esta alianza de corte neoliberal emanada del divisionismo en la región impulsado por Estados Unidos. La Alianza del Pacífico fue firmada por el entreguista Felipe Calderón en 2013. Para la reactivación de la Celac, propuesta por AMLO, se requiere desactivar esta alianza subregional de libre comercio.

Es necesario también revisar otros acuerdos, como el Tratado de Libre Comercio de México con Centroamérica, y eliminar sus cláusulas de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés, o SCIE). La división en México de la empresa de consultoría de servicios inmobiliarios y administración de inversiones JLL Capital se ha sumado al asedio contra Honduras con una demanda en el Ciadi por 100 millones de dólares más (https://bit.ly/3IO4chZ). Ésta se interpuso sólo 10 días después de que la empresa estadunidense Prospera demandara al gobierno de Xiomara Castro ante el Ciadi del Banco Mundial, por la estratosférica cantidad de 10 mil 700 millones de dólares, debido a la cancelación de leyes anticonstitucionales que permiten las eufemísticamente llamadas ciudades modelo, que no son sino zonas francas para el despliegue del cacicazgo neocolonial.

Es imprescindible que en la Celac se avance en una integración regional basada en tratados de comercio y de inversiones progresistas, en lugar de tratados dedicados a empoderar a corporaciones trasnacionales con recursos seudo legales y supranacionales. El Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Colombia y Venezuela (https://bit.ly/3EzY0sz), firmado el pasado 3 de febrero, parece un buen paso. Lisa Bohmer, de la publicación especializada en temas de arbitraje internacional IA Reporter, dice que ese TBI se caracteriza por una redacción heterodoxa e innovativa para la protección de inversionistas (trad. propia) (https://bit.ly/3KDkMDL).

En efecto, aunque el firmar un TBI marca un desvío por parte de Venezuela de su negativa de firmar este tipo de acuerdos, éste en particular impone severas restricciones a los derechos y privilegios que los más de 2 mil 600 TBI ratificados en el mundo normalmente otorgan a inversionistas. Entre las innovaciones se incluyen el derecho de las partes a regular; una disposición de trato nacional que establece que los inversionistas extranjeros no deben disfrutar de un trato más favorable que los inversionistas nacionales; el derecho de las partes a llevar a cabo expropiaciones (en ciertas condiciones); el derecho de limitar temporalmente transferencias de capitales, y elimina una serie de cláusulas normalmente incluidas en tratados, como el trato justo y equitativo (que se interpreta con total discrecionalidad, regularmente a favor de empresas), la plena protección y seguridad (que obliga a gobiernos a usar la fuerza pública para reprimir resistencias a proyectos), el trato de nación más favorecida, entre otros. Y, de manera significativa, aunque el TBI Colombia-Venezuela incluye el consentimiento para el arbitraje internacional inversionista-Estado, no se recurre a las normas del CIADI, sino a las de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

En suma, el TBI Colombia-Venezuela es un avance en la búsqueda de reformas sustantivas a los abusivos tratados de protección de inversiones. Pero hay que ir más allá. En Colombia, organizaciones apoyadas por contrapartes a nivel mundial piden al gobierno de Petro la derogación de los mecanismos SCIE en todos los TLC y TBI. Colombia está acosada con demandas por miles de millones de dólares por empresas mineras como Glencore, Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle. En su declaración Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios (https://bit.ly/3IP9wTm), organizaciones sociales y civiles afirman que estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental. Y se llama a iniciar una revisión integral de los TLC y TBI, a denunciar el Convenio del Ciadi, así como a promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversionistas y el Estado; a no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo SCIE, y a centrar esfuerzos en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas.

En ese sentido, llaman al gobierno de Petro, que se autoproclamó como la Potencia Mundial para la Vida, a liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU que obligue a las empresas trasnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios. 

Esta declaración hace eco a demandas hechas por miles de organizaciones sociales y civiles en muchos países, incluyendo llamados en México, como el más reciente a no ratificar el modernizado tratado con la Unión Europea (TLCUEM, La Jornada 22/7/04). Hemos de seguir con este tema, debido a la enorme presión que ejerce la UE, a que se ratifique el TLCUEM incluyendo mecanismos supranacionales de solución de controversias, a pesar de que los esté eliminando entre sus países y retirándose del Tratado de la Carta de la Energía que los incluye. ¡Cuánta hipocresía! Mejor para la 4T mirar al sur.

* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org