En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se acumulan 125 controversias constitucionales promovidas por gobiernos municipales y estatales surgidos del PAN y el PRI, en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social (LGCS) y General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), consideradas la primera fase del plan B de la reforma electoral. Hasta ahora, el ministro Alberto Pérez Dayán no ha admitido a trámite ninguna de ellas.

Los quejosos sostienen que ambas leyes invaden su esfera de competencia, al limitar el gasto en materia de comunicación social, penalizar las asignaciones presupuestales excesivas para este rubro y permitir que los funcionarios externen opiniones políticas aun en periodos electorales.

La mayoría de las solicitudes de controversia constitucional fueron presentadas con un mismo machote, por lo que coinciden en argumentar que las reformas a la LGCS limitarían los derechos a la información y de libre expresión.

Por ello impugnan el tope de 0.1 por ciento del presupuesto anual de cada estado o municipio para campañas de comunicación social.

En cuanto a la LGRA, sostienen que no procede sancionar a los funcionarios que no cumplan con las restricciones para comunicación social, pues este gasto está determinado en el presupuesto de egresos aprobado por el congreso de cada estado.

Así, el presupuesto de egresos, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta, argumentan.

La mayoría de las controversias fueron promovidas por municipios del Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Coahuila, los gobiernos de estas dos últimas entidades también presentaron sus propias impugnaciones.

El ministro Pérez Dayán ya admitió a trámite siete acciones de inconstitucionalidad sobre este tema, y analiza si también procederá estudiar algunas de estas 125 controversias constitucionales.