El Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección de cuatro consejeros puso ayer fin a la pretensión de Carla Humphrey de ser presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al determinar que está impedida por encontrarse en funciones, lo cual constituiría una relección y ocuparía el cargo por más de los nueve años que señala la Constitución.

Pasaron a la segunda etapa del proceso 531 personas, quienes el próximo martes presentarán examen en el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Entre ellas, Bertha María Alcalde Luján, responsable jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Gabriela Villafuerte, magistrada de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Roberto Heycher Cardiel Soto, director de Capacitación y Educación Cívica del INE, único contendiente que integra la Junta General Ejecutiva, encabezada por Lorenzo Córdova.

En la lista también están los magistrados Jesús Ociel Baena, del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y Guillermo Torres Chinchinas, del de Sinaloa. También aparecen Jaime Miguel Castañeda Salas, asesor de Morena; Roberto Duque, académicos de la UNAM, y Francisco Javier Aparicio Castillo, del CIDE; el ex asesor del PAN Jaime Talancón, y Juan Carlos Silva Adaya, ex magistrado del TEPJF.

Igualmente, Netzaí Sandoval y Federico Huchim, hermano y ex colaborador de la ex secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. Lo mismo, Luis Miguel Carriedo Téllez, ex asesor del consejero electoral Marco Antonio Baños.

Además de Humphrey (en funciones para el periodo de abril de 2020 a abril de 2029), quedó fuera de la contienda el ex consejero Javier Santiago Castillo, quien fue parte del consejo general del INE de abril de 2014 a abril de 2017.

Ayer, en sesión pública, los siete integrantes del comité determinaron que de las 531 personas que pasaron a la siguiente etapa (lista enviada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados), 164 son mujeres; 358, hombres; cinco, no binarias; una mujer trans, y tres no puntualizaron identidad genérica.

Los integrantes del comité de evaluación asumieron cuatro acuerdos, entre los que destacaron su determinación de no incluir a las personas aspirantes que presentan impedimento de carácter constitucional. Consideraron a los consejeros del INE en funciones y “a las personas que fungieron como consejeros electorales a partir de la reforma electoral de 2014.

Esta decisión fue tomada por unanimidad y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base V, apartado A, párrafo quinto, incisos a y b de la Constitución.

Por tanto, no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE, en el periodo que comprende del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una relección; además, ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución, leyó la académica María Esther Azuela en nombre del comité.

También se acordó no registrar a 32 aspirantes porque no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria y rechazar la postulación de aspirantes que no demostraron que cuentan con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título de licenciatura.

Asimismo, no pudieron continuar en el proceso quienes no atendieron la prevención para subsanar alguna deficiencia en la documentación entregada.

Por otro lado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envío ayer 13 preguntas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la invasión de facultades a su soberanía, al ordenar que se designe una consejera presidente del INE.

Inquieren a los magistrados sobre fundamento legal para su intervención directa y por qué no eligieron ellos a una mujer para que dirija el tribunal después de Janine Otálora. También preguntaron si no se discrimina a los varones y a las personas no binarias que se inscribieron como aspirantes a la presidencia del INE.